El Consejo de Garantías catalán avala que la Generalitat pague las fianzas a los golpistas

La Generalitat avanza en su estrategia para avalar las fianzas de los golpistas del 1-O, requeridas por el Tribunal de Cuentas. Este jueves el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado el decreto de la Generalitat para crear el fondo para contraavalar las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas con el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), pero recomienda modificar algunos artículos.

En concreto, el dictamen del CGE recomienda modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el ICF quién avale esas fianzas.

Tras haberse hecho público el dictamen, los grupos parlamentarios tendrán una hora y media para analizarlo antes de votar en el pleno el decreto de creación del fondo este mismo jueves, han detallado fuentes de la Cámara catalana.

Dinero de todos los catalanes

El pasado 6 de julio la Generalitat aprobó un decreto ley para que con dinero de todos los contribuyentes se paguen las fianzas de 5,4 millones que le exige el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat por la promoción exterior de la asonada golpista y 4,8 millones por la organización del referéndum ilegal del 1-O. En otras palabras, una más que presunta malversación para cubrir otra de libro.

Un disparate más que retrata la irresponsabilidad del Gobierno catalán. Su última ocurrencia para librar a los acusados del control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, como lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sido la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que exige a cuarenta altos cargos.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, acompañada de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo». Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.