Los diputados despilfarraron 4,1 millones en los últimos 4 años por ‘imprevistos’ en sus viajes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 15/08/2019 14:14
  • Actualizado: 16/08/2019 01:31

El Congreso ha gastado más de 4,1 millones de euros en los últimos cuatro años sólo en la gestión, cancelación y cambios de billetes, además de aquellos emitidos y que no fueron utilizados. Es decir, cuestiones relacionadas habitualmente con situaciones no previstas o alteraciones en la planificación inicial de los viajes de sus señorías. Según los registros de la Cámara, los gastos correspondientes a ese concepto ascendieron, entre julio de 2015 y de 2019, a 4.154.665,17 euros.

El Congreso diferencia entre la suma del coste de los viajes efectivamente realizados por los diputados y la facturación real. La resta es el resultado, explica, de «los gastos de gestión, de cancelaciones y de cambios, así como billetes emitidos pendientes de utilización». Gastos que son sufragados con dinero público y que, año tras año, representan una cifra considerable. 

Desglosado por trimestres, el dato más abultado se registró entre octubre y diciembre de 2017, cuando el Congreso pagó 445.961 euros en esos cambios. La facturación total de este periodo fue de 1.176.973,44 euros. Un año después, en esos mismos meses, el gasto fue también destacado: 403.007,73 euros. Los viajes costaron entonces 1.268.479,28 euros.

Sin embargo, la cifra más baja de la serie analizada corresponde, precisamente, al último trimestre (del 1 de abril al 30 de junio de este año). En este tiempo, los viajes parlamentarios supusieron 504.792,37 euros a las arcas públicas, y los gastos de cancelaciones, anulaciones o billetes no utilizados, 63.517,04 euros. Un dato notablemente más bajo que en trimestres anteriores.

Congreso sin casi actividad

Aún así, los diputados han gastado en el último trimestre, sin apenas actividad en el Congreso, más de medio millón de euros en sus desplazamientos.  De esta cantidad, 323.813,81 euros corresponden a desplazamientos entre el lugar de residencia del parlamentario y el Congreso; 108.739,64 euros a actos «de naturaleza política, sectorial o de representación institucional» en otra circunscripción distinta, y  8.721, 88 euros a «aquellos que traen causa de la actividad oficial de la Cámara y en los que el diputado se desplaza para realizar una actividad de representación del Congreso».

Tras las elecciones del pasado 28 de abril, y hasta la actualidad, el Congreso únicamente se ha reunido para dos asuntos: su constitución, el 21 de mayo, y el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez (tres sesiones en julio). Las comisiones -el órgano encargado de la discusión de la actividad legislativa y de acoger las comparecencias del Gobierno pedidas por la oposición, entre otras funciones- no se constituyeron hasta el pasado 30 de julio, pese a las reiteradas críticas de la oposición, con lo que todavía no han echado a andar.

«Sin censura ni control previo»

Los viajes de los diputados se rigen por una resolución de la Presidencia del Congreso, de 2014, que reconoce el derecho de los parlamentarios a  «las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función».

Las Cortes no supervisan de manera estricta los desplazamientos, sino que suelen delegar ese control en los correspondientes grupos parlamentarios. En valoración del Congreso, «el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre sin que deba imponerse ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

Ello no implica que no se establezcan «mecanismos de supervisión», que corresponden a cada grupo. También se advierte de que «es el propio diputado quien debe utilizar de manera responsable los medios que la Cámara pone a su disposición» y se reconoce que «en la medida en que esos medios son sufragados con recursos públicos, resulta conveniente reforzar las fórmulas o mecanismos de supervisión que, sin menoscabo al libre ejercicio de su labor política y parlamentaria, eviten desviaciones o abusos indeseables». 

Esos mecanismos de control son distintos en función del viaje de que se trate. Así, por ejemplo, los desplazamientos de los diputados a sus casas deben ser comunicados a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, en el plazo de 15 días desde su realización.

En el caso de los viajes para realizar actos políticos, deberán «contar con la supervisión o aval de la dirección» del grupo parlamentario del diputado.

El Reglamento avisa también de que «la realización de cualquier desplazamiento para un objeto distinto de los mencionados y que no guarde relación con el ejercicio de la labor política o parlamentaria no podrá ser imputada al Presupuesto de la Cámara, debiendo abonarse por el diputado».