Compromís fracciona contratos para darle una concesión a la empresa del hermano de un alto cargo
Compromís ha fraccionado los contratos públicos para darle una concesión a una empresa que tiene vínculos familiares -de hermandad- con uno de sus altos cargos. El servicio concreto adjudicado corresponde a una piscina pública municipal de Tavernes de la Valldigna. Y la empresa beneficiada es Tecniverd, donde se encuentra como apoderado el hermano de un alto cargo del partido de Mónica Oltra.
La acusación cuenta ya con el respaldo del informe de la Intervención municipal. Este informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO y que hoy se reproduce en su integridad- demuestra el goteo de concesiones inferiores a 4.000 y 5.000 euros en cada pago que ha permitido que se adjudique la citada obra pública a Tecniverd, compañía cuyo apoderado es Felip Rafael Sansaloni, hermano de la regidora local de contratación, Llum Sansaloni, puesta por Compromís al frente de ese cargo en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
Los pagos por la obra se fraccionaron en cada año de manera que ni cada pago superase los 4.000 o 5.000 euros -dependiendo del ejercicio-, ni el pago conjunto anual alcanzase los 12.000 euros en ninguno de los ejercicios.
Así, entre 2012 y 2017, el Ayuntamiento fue pagando -dividido respectivamente en mini pagos- 10.901,01 euros en el primer año; el mismo importe casualmente en 2013; 11.119,01 euros en 2014; 9.700,84 en 2015; 11.688,60 en el ejercicio 2016; y 11.797,50 euros.
El informe de la Intervención municipal no deja lugar a dudas. Y señala que la portavoz del Grupo Popular, Sra. Eva Palomares Ferrer, presentó por Registro de Entrada número 13940, de fecha 11 de diciembre de 2017, un escrito en el que pedía «el acceso a todas las facturas que se hayan pagado por concepto de trabajos de conserjería de la piscina de verano».
El PP insistió ante la gravedad del caso
La interventora reconoce que «el miércoles 13 de diciembre, esta Intervención municipal le responde y le proporciona la información, si bien referida a uno de los seis años requeridos (…). Y no se le proporcionó el resto de años porque en esas fechas de finales de año, a parte de los días festivos y de disposición de menos personal, estábamos con sobrecarga de trabajo».
El PP insistió ante la gravedad del caso y «el 27 de diciembre de 2017, la concejala interpone un recurso contencioso administrativo, dado que considera que no se le ha facilitado el acceso a diversa documentación solicitada». Y es ahí cuando “en fecha 17 de enero de 2018, la auxiliar administrativa de la Actividad de Fiscalización de Gastos, le remite un correo electrónico en el que le comunica” todo el goteo de facturas.
El documento que hoy también muestra OKDIARIO revela, además, el cargo de Felip Rafael Sansaloni en la empresa Tecniverd, donde ejerce como apoderado. Todo ello mientras que la regidora de contratación del Ayuntamiento citado es Llum Sansaloni, puesta por Compromís.
El caso sucede justo cuando la Justicia investiga ya a Compromís por otro caso, en esta ocasión, de financiación ilegal a través de cuatro empresas. Y es que el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia acaba de ordenar diligencias para determinar «los posibles vínculos, personales, económicos, etc. entre las empresas reseñadas y el investigado y su formación política». Es decir, traducido, que la labor de investigación por posible financiación ilegal acaba de comenzar, tal y como ha publicado OKDIARIO.
El mismo modus operandi que Carmena
El investigado en este segundo caso es el concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset, también de Compromís –el partido que lidera Mónica Oltra y que mantiene el control del Ayuntamiento de Valencia y el del Gobierno regional valenciano de la mano de los socialistas de Ximo Puig–. Y las empresas en cuestión, cuatro: Regesmit SLU, Mathena Producciones SL, Espectáculos AMB Producciones SL, y Enmovyment Coop Val. Sociedades todas ellas sobre las que ya trabaja en estos momentos la Brigada de Delitos Económicos de la Policía.
La jueza de Instrucción ha encontrado en todas ellas indicios de fraccionamiento de contratos relacionados con unos eventos muy concretos: la feria Expojove y otros eventos organizados por su departamento también de cara al público.
Pero el fraccionamiento parece, además, haberse convertido en una práctica habitual para los equipos de Compromís en los últimos tiempos, el mismo modus operandi que sigue Manuela Carmena en Madrid para dar contratos a asociaciones y personas afines a Podemos. Hay que recordar que la Fiscalía investiga además a la Consejería de Mónica Oltra, precisamente, por dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos menores para evitar que el importe supere los límites que exigen la concesión en concurso público y con todos los mecanismos de transparencia. Todo ello en una cuantía global que supera los 50 millones de euros.
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