Coronavirus

Las cifras ocultas de Page: 40 ancianos fallecidos por Covid-19 en la Residencia ‘San José’ de Toledo

Castilla-La Mancha
Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha @EFE
María Villardón

La cifra oficial de fallecidos por coronavirus en Castilla La Mancha, según datos del Ministerio de Sanidad actualizados este martes, asciende a 2.075. Sin embargo, la cifra podría ser muy superior si se tiene en cuenta la opacidad del Gobierno de Emiliano García-Page a la hora de dar las cifras de fallecidos en las residencias de ancianos de la región como es el caso de la Residencia Social Asistida ‘San José’ de Toledo, una de las mayores residencias de ancianos de la región castellano-manchega que depende de la gestión de la Diputación de Toledo, presidida por el secretario general del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez.

En este centro, que posee alrededor de 370 residentes y casi 500 empleados, las muertes no han cesado desde el pasado 16 de marzo. Según confirman a OKDIARIO diversas fuentes cercanas al centro, ya ha habido entre 35 y 40 víctimas mortales. Es más, según confirman, los últimos dos fallecimientos han tenido lugar en la mañana de este martes.

Otras fuentes cercanas al centro consultadas también por este periódico afirman, además, que tanto Gutiérrez como Pascual Aguado, gerente del centro desde febrero de 2020 y marido de la consejera de Educación, Rosana Rodríguez, están intentando tapar los fallecimientos por coronavirus de los residentes para no evidenciar que ha habido “dejadez en la gestión” y “falta de previsión a la hora de tomar las medidas sanitarias pertinentes y hacer de acopio equipos de protección, a pesar de contar con la información necesaria sobre la llegada de una fuerte pandemia”.

En la misma línea, con esta falta de transparencia en la gestión y las cifras, explican estas fuentes, se evita también que estos fallecidos por coronavirus se incorporen a las cifras oficiales de la región, a pesar de que desde la oposición, liderada por PP y Ciudadanos han pedido en reiteradas ocasiones que se informe de manera diaria del número de contagios y de los fallecimientos por COVID-19 dentro de la residencia, aspecto que, por otro lado, están obligados a hacer de manera diaria, según la metodología impuesta desde Sanidad.

Un hecho del que, por otro lado, ya alertó a finales del mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, porque el número de licencias de enterramiento por defunción se disparó con respecto a un año antes y era muy superior a las cifras que brinda el Gobierno regional a Sanidad. De este modo, puso de manifiesto el Alto Tribunal de la región que en las actas de defunción “no siempre aparecía referenciada la infección por el virus” y, señalaba, además, que “muchas personas no fueron sometidas al test que acreditara cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal”.

“Trabajamos con los brazos y la cara desprotegidos”

Por otro lado, el personal sanitario de la residencia ‘San José’ también señala que no cuenta con el material sanitario adecuado para protegerse del coronavirus, una situación que tampoco es desconocida por los altos cargos de la Diputación de Toledo. La desprotección de los empleados de la residencia fue puesta en conocimiento de Gutiérrez y de Aguado en diversas ocasiones –y por escrito– desde el comienzo del estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación el pasado 14 de marzo.

“Somos de alto riesgo en cuanto a la propagación», reza una comunicación que la plantilla hicieron llegar directamente a la Diputación de Toledo al que ha tenido acceso OKDIARIO al no contar con el apoyo de los sindicatos, ya que no disponemos del material adecuado de protección que nos permita protegernos y proteger a nuestros mayores”. Aseguran, además, que trabajan con los brazos desprotegidos, la cara desprotegida y la ropa en contacto directo» por lo que las distancias de seguridad nulas”.

Se detalla, además, que la plantilla está conformada por personas en contacto con el exterior, razón por la que podían contagiar, no sólo a todos los residentes de este centro, sino también a sus propias familias debido a la retroalimentación del riesgo. Otro aspecto especialmente llamativo es que, según exponen, “los superiores” les acusaron de crear “alarma social”, a pesar de ser “una evidencia”, para “disuadirnos de usar nuestros propios recursos de protección”.

Tras exponer la complicada situación por la que atraviesa la residencia toledana, la plantilla solicita a la Delegación del Gobierno de García-Page y la gerencia de la residencia EPIs para todos los turnos con el fin de “frenar la propagación del virus, así como la realización de test masivos a los empleados para desempeñar su labor con todas las garantías. “Tenemos estar sanos para poder cuidar de nuestros mayores con tranquilidad”, concluyen.

“Tenemos que estar sanos para poder cuidar de nuestros mayores con tranquilidad”

De este modo, según lo expuesto en la citada petición, queda en evidencia que la Residencia Social Asistida ‘San José’ no cuenta con los elementos y medidas de seguridad apropiadas y eficaces para luchar contra el COVID-19, a pesar de que la Mesa General Negociadora Única de la Diputación de Toledo compuesta por Fernando Muñoz, vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Turística, y los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y USAE afirmara este lunes que el centro toledano cuenta con el material de protección suficiente para ejercer su labor.

A día de hoy, cuando el virus ha segado en España más de 21.000 vidas, y según afirman fuentes cercanas a la Residencia Social Asistida ‘San José’ a este periódico, no se han hecho los test masivos para descartar contagios y positivos por coronavirus con el fin de frenar esta crisis sanitaria y la constante aparición de la muerte en la residencia. El material de protección sigue siendo insuficiente para protegerse y proteger a los ancianos y tampoco se conocen las cifras de fallecidos por COVID-19, a pesar de las reiteradas solicitudes oficiales que ha hecho la oposición desde que estallara la pandemia.

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