Un centenar de denuncias y dos detenidos en Ceuta en un día por saltarse el confinamiento por el coronavirus

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ceuta han instruido un total de 98 denuncias en un solo día por infringir las medidas de confinamiento implantadas por el Gobierno de España el pasado domingo en el marco del Real Decreto que implantó el Estado de Alarma en todo el país, según los datos que ha facilitado este miércoles la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, cuya población ronda los 86.000 habitantes.

Después de que el domingo y el lunes las Fuerzas de Seguridad primasen una labor «informativa» y «pedagógica» en su actuación en las calles, este martes se comenzaron a aplicar sanciones por incumplir las restricciones de movilidad impuestas para intentar contener la expansión del coronavirus.

Además, los agentes de la Benemérita detuvieron a dos individuos por desacato después de ser denunciados y hacer caso omiso a las indicaciones de los funcionarios.

La Comandancia General militar de Ceuta ha desplegado este miércoles una sección con alrededor de 30 efectivos divididos en tres pelotones para establecer controles móviles en las carreteras autonómicas y nacionales de la ciudad con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

La Delegación del Gobierno ha avanzado que a partir de ahora los dispositivos policiales en las calles exigirán a todo conductor o viandante con el que se encuentren «justificantes» del motivo por el que no están en sus domicilios.

La autoridad gubernativa ha solicitado a la ciudadanía «que denuncie» a quienes observe realizando «comportamientos no permitidos en este periodo de confinamiento que atentan contra la salud publica de todos y son insolidarios y peligrosos en la situación actual». «La colaboración y la concienciación ciudadana son necesarias para vencer ganar esta batalla», ha remarcado.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma se sanciona en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/1981. Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o prisión de tres meses a un año, según la gravedad de la infracción.