Llarena mantiene la fianza de 2,1 millones para los responsables del 1-O

El juez Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O, ha declarado suficiente la fianza por importe de 2,1 millones de euros impuesta para los 14 ex miembros del Gobierno de Cataluña procesados en la causa que ha terminado de instruir.

El juez razona en un auto que la cuantía total de 2.135.948,06 euros ingresada en la Cuenta de Consignaciones del alto tribunal por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es suficiente para responder por las posibles responsabilidades civiles y ello pese a que han dejado de abonar 0,54 euros de la fianza total; un monto, dice el juez, «inapreciable a los efectos» del auto conocido este martes.

Responde de esta manera a la petición formulada por la acusación popular que ejerce el partido político VOX registrada este mismo lunes para que se fijara una fianza de más de 5,5 millones de euros alegando la existencia de nuevos informes que elevarían las cantidades desviadas por la Generalitat de Cataluña para sufragar los gastos del ‘procés’.

El magistrado también ha dejado sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe de análisis técnico-contable respecto de la documentación entregada por la Generalitat de Cataluña al entender que demoraría innecesariamente la investigación hasta septiembre.

Por tanto prescinde de esta diligencia que pidió con ocasión de los cuatro requerimientos efectuados por Hacienda a la interventora General de la Generalitat para dilucidar si se había gastado o no dinero público en los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Tampoco incluye los análisis con criterios técnico-contables de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017 y 2018.

Llarena, que recuerda la «urgencia» con la que pidió que se incorporaran estos documentos, matiza ahora que ni la valoración general de la intervención de las cuentas de la Generalitat estos últimos dos años ni el análisis técnico-contable referido a la documentación remitida por el Govern, son elementos que modifiquen el contenido de la instrucción que ahora da por cerrada.

Imputado el ex Govern

Esto es así porque los elementos que conducen al procesamiento de 14 ex miembros del Govern como presuntos responsables de un delito de malversación surgen del contenido de la investigación policial y de la documentación aportada por los investigadores además de las conclusiones remitidas por el departamento que en el momento de los hechos dirigía Cristóbal Montoro.

En otro de los autos de Llarena dados a conocer este martes, el instructor ha rechazado incluir en la causa a Neus Lloveras, diputada del Parlament y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y Miquel Buch, regidor de Premiá de Mar, quienes están investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por posibles delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.

El magistrado responde así a la petición del juez del TSJC Jordi Seguí de que el Supremo asumiese la investigación abierta allí el pasado septiembre contra Lloveras y Buch, que ejercieron la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), respectivamente.

Aunque Seguí consideraba que los correos electrónicos enviados por Lloveras y Buch «guardan una evidente conexión material» con la causa del Supremo, Llarena recuerda que ya determinó que estos investigados ante el TSJC no fueran procesados en su investigación. Además, opina que los hechos que se les atribuyen son «anteriores a los episodios de violencia el 20 de septiembre», de modo que «no resultan indicios que justifiquen su responsabilidad por el delito pluripersonal de rebelión».

Por otra parte, el juez del alto tribunal ha rechazado en otro auto la pretensión del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, de expulsar del procedimiento documentos y diligencias vinculados con Josep María Jové y Lluis Salvador, quienes están imputados en la causa que se instruye en el Juzgado número 13 de Barcelona y que investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.