Los Mossos espiaron más de 30 bases de datos oficiales para tener datos privados de la población

Nombramiento de Josep Lluís Trapero como Mayor de los Mossos
Nombramiento de Josep Lluís Trapero como Mayor de los Mossos
Carlos Cuesta

Los Mossos espiaron más de 30 bases de datos catalanas y nacionales para tener datos privados de la población. Entraron en ellas y volcaron datos de sensibles de la inmensa mayoría de los habitantes catalanes, tal y como revela la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que figura dentro de los archivos de documentación oficial que pretendían destruir los policías autonómicos el 26 de octubre pasado en una incineradora.

El listado de bases de datos públicas –protegidas todas ellas por la Ley de Protección de Datos– que fueron espiadas es prácticamente inacabable, tal y como se puede ver en el listado que hoy reproduce este diario.

El accedo a los datos no se obtuvo exclusivamente en la recta final del golpe. Todo lo contrario. El listado de bases de datos que tenían orden de reventar y vulnerar está fechado el 17 de febrero de 2012. Cinco años y medio antes de que la información extraída fuese empleada en el golpe separatista del 1-O y de que se pudiese comprobar que, efectivamente, la Generalitat contaba con un censo ilegal.

El informe policial elaborado a raíz de la incautación de este material detalla que el documento en cuestión es el Informe de los Mossos con fecha 17 de febrero de 2012 donde se señala como asunto “acceder a las bases de datos externas”. En dicho informe se aclara que “las Comisarías Generales y la División de Información indicaban a qué bases de datos externas interesaba acceder”. Es decir, que se trataba de una orden directa de la cúpula de los Mossos.

Un listado interminable

A partir de ahí, el informe policial recoge el siguiente e inacabable listado:
“Registro de personas aseguradas (Servicio Catalán de la Salud). Bases de datos del Departamento de Salud (que permita consultar domicilio teléfono y dónde fue atendido). Registro de alumnos matriculados – Educación.

Expedientes sancionadores por expedientes de tráfico – Servicio Catalán de Tráfico. Bases de datos TEMIS 2 – Justicia. Fichero único de prestaciones de carácter Económico – Bienestar social. NIE. ADEXTRA. Base de datos de subvenciones del Departamento de Economía y Finanzas. Base de datos de centros religiosos. Servicio de Ocupación de Cataluña. Registro Mercantil. Agencia Tributaria de Cataluña. Instituto Nacional de Estadística. Oficinas de Trabajo de la Generalitat (ver vida laboral y lugar de trabajo). DNI. TIRCE. Registro civil. Intervención de armas. UNESPA. Catastro. Registro de cooperativas. Registro de entidades y asociaciones. Registro de fundaciones. Bienestar social. Cámara de Comercio. Incasol. Registro de expedientes de menores. Informes de extranjería. Datos de ayuda social. Etc”.

Registros fiscales, médicos y laborales

Así hasta sumar en total 35 bases con datos judiciales, de salud, laborales, personales, con datos patrimoniales, fiscales, de situaciones de dependencia, de asociación ideológico sindical o hasta religiosa. Con información educativa y hasta de multas de tráfico.

Todo ello en una violación masiva del derecho a la intimidad de la población y sin orden judicial que lo amparase, según consta en el documento. Y es que, en el informe policial tan sólo se señala que se trataba de una orden de los mandos de los Mossos de entrar en las principales bases de datos públicas de toda España.

Y es que, por entrar, entraron, incluso, en las bases de datos sobre establecimientos comerciales o en las que recogen los libros alquilados en las redes de bibliotecas de las diputaciones.

Las bases de datos violadas, además, demuestran que utilizaron sus contactos y la lealtad de las instituciones nacionales para permitirles acceder a datos clave nacionales dentro del principio de colaboración y de buena fe.

Y demuestran igualmente que eran totalmente ciertas todas las afirmaciones de Santiago Vidal, el juez que aseguró entre risas que todos los ciudadanos estaban controlados, que los golpistas contaban con un listado de jueces afines, y que los separatistas disponían ya en 2016 de todos los datos fiscales de la población.

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