El ‘caso Marea’ de corrupción en Asturias, visto para sentencia tras cuatro meses de juicio

El macrojuicio por el llamado caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, ha quedado este viernes visto para sentencia tras casi cuatro meses de vista oral, cuyo fallo se hará público previsiblemente a principios de 2017.

Casi cuarenta sesiones y la declaración de más de un centenar de testigos se han sucedido desde el 4 de abril en una causa que ha sentado en el banquillo a 13 procesados, entre ellos el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, que se enfrentan a penas de diez año y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente.

Precisamente, las defensas de Riopedre y Otero, que son los principales encausados, han asumido este viernes que sus clientes fueron imprudentes, aunque sin llevarse un euro ilícito el primero, y sin cometer malversación, en el caso de la segunda, por lo que han reclamado su absolución.

Su visión contrasta con la de la fiscal, que consideran que la ex directora general de Educación sí que recibió «ingentes cantidades de dinero» de empresas que facturaban con la Consejería, cuyo titular, José Luis Iglesias Riopedre, «estaba totalmente al tanto y participaba de dichas irregularidades».

Según la fiscal, las irregularidades cometidas dieron pingües beneficios a los propietarios de las empresas Igrafo y Pumarín, pero también para Riopedre y Otero, ha señalado la fiscal, que considera probado que recibieron regalos, provocaron sobrecostes y utilizaron remanentes del presupuesto de Educación para tratos de favor a esas empresas.

En su opinión, hay «múltiples pruebas» que incriminan a ambos, pero también a la funcionaria Marta Renedo Avilés -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso- y a los cuatro empresarios que supuestamente integraban la presunta trama corrupta.

Por el quebranto económico causado, que no ha sido determinado con exactitud -algunos letrados lo han situado por encima de los 6,5 millones de euros- el Gobierno asturiano ha reclamado una «sentencia condenatoria y dura» para los implicados en este caso, que la abogada del Principado ha situado como un hecho aislado en una administración que tiene más de 25.000 funcionarios.

Sin embargo, el abogado de Marta Renedo, que se enfrenta a 10 años de cárcel, ha pedido la apertura de una investigación por «obstrucción a la justicia» por parte del Principado, administración a la que ha acusado de «ocultar, destruir o robar unos expedientes por los que a su defendida se piden muchos años de cárcel».

Las primeras irregularidades se detectaron a principios de 2010 en la adjudicación de contratos por parte de Marta Renedo, aunque no fue detenida hasta enero de 2011 junto Iglesias Riopedre, que había dimitido cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud, y María Jesús Otero.