Visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados del caso Gürtel

Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados por participar en los primeros años del caso Gürtel (1999-2005), entre los que se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su ex tesorero Luis Bárcenas, y en la que se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de estas actividades delictivas.

Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de una trama de corrupción que ha centrado la agenda política desde que estalló en 2008.

Pese al año, un mes y 13 días que ha tardado el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego en concluir uno de los juicios más mediáticos, no ha sido ni el más duradero, ni el que más acusados ha sentado en el banquillo.

Un banquillo casi vacío que ha caracterizado la vista oral en gran parte del centenar de jornadas. El tribunal eximió a todos ellos de presenciar el juicio si en la sesión no se trataba algún hecho relacionado directamente con alguno de los 37 procesados.

«Abrumadora prueba documental»

El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás concluyeron en el juicio que existe una «abrumadora prueba documental» que demuestra que la participación delictiva de los acusados «atentaron contra el Estado de Derecho» y su actuación resultará de «muy costosa reparación social».

El abogado del Estado Edmundo Bal subrayó que la organización liderada por Correa «se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción», por lo que pidió al tribunal que dictase una sentencia «ejemplar» para que los empresarios españoles con «tentación» de sobornar digan: «jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas».