Las cárceles son un polvorín: las agresiones sexuales a las funcionarias se triplican en tres años

Las agresiones sexuales de presos a trabajadoras penitenciarias se han triplicado en tres años. De las 43 registradas en 2023 se han disparado nada menos que a 117 en 2025, según se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Por ello, los funcionarios de prisiones exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Instituciones Penitenciarias, medidas urgentes contra esta «alarmante situación» que pone en jaque a sus compañeras.

Por primera vez se conocen de forma pormenorizada en qué han consistido las agresiones sexuales perpetradas en los últimos años en las cárceles, así como el personal que las ha sufrido. Unos datos a los que ha accedido este diario en exclusiva y que reflejan que las trabajadoras penitenciarias sufren esta lacra en todas las áreas en las que tienen contacto con los internos: vigilancia interior, Sanidad y tratamiento (psicólogas y juristas).

En 2023, el primer año en el que Interior comenzó a contabilizar las agresiones sexuales, tuvieron lugar 43 incidentes, de los cuales 14 fueron actos de acoso sexual, ocho intentos de violación y 21 actos de exhibicionismo o provocación sexual.

En 2024, las agresiones sexuales ascendieron a 108, que se distribuyen en 45 actos de acoso sexual, 10 intentos de violación y 53 actos de exhibicionismo, mientras que en 2025 subieron a 117, que se reparten en 51 actos de acoso sexual, seis intentos de violación y 60 actos de exhibicionismo o provocación sexual.

Así las cosas, entre 2023 y 2025 se han producido 24 intentos de violación a personal penitenciario femenino. En concreto, los de 2023 se produjeron contra una enfermera, cinco funcionarias de vigilancia y dos auxiliares de enfermería. Ocurrieron el 25 de mayo, el 2, 5 y 19 de agosto, el 11 y el 25 de noviembre y el 11 de diciembre.

En 2024 sufrieron esta lacra una trabajadora social, una educadora y ocho funcionarias de vigilancia. Las agresiones sexuales tuvieron lugar el 25 de enero, 21 de febrero, 12 de marzo, el 15 de abril, el 24 de junio ocurrieron dos en un mismo día, y también se registraron el 18 de septiembre, el 22 y el 28 de noviembre y el 12 de diciembre. Y en 2025 las padecieron una funcionaria de vigilancia, el 5 de enero, y una psicóloga, el 8 de julio.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha visto obligado a revelar estos datos a petición de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) al Portal de Transparencia.

Estadísticas «maquilladas»

El Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) sólo contabiliza aquellas agresiones que «producen una lesión corporal o daño para la salud al empleado público penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo».

Además, el daño para la salud del trabajador debe ser objetivo y constatable, algo que no contempla ni el Código Penal, por lo que las amenazas de muerte y de violación, las lesiones producidas de forma indirecta y los insultos quedan excluidos del PEAFA.

De contabilizarse todos los incidentes, «la cifra podría multiplicarse por 10», según afirma el presidente de la APFP, Gonzalo Arboledas, de acuerdo a los datos que maneja. A juicio de esta asociación, para lo que realmente sirve el PEAFA es para «maquillar las estadísticas de agresiones», ya que su cometido es analizar y evaluar la actuación del trabajador penitenciario, no de la agresión recibida. Y que frente a estas agresiones no se les dota de medios materiales adecuados.

Reducción de los primeros grados

Además, destaca que «la política buenista» de Marlaska de reducir los clasificados en primer grado –régimen cerrado– «ha disparado la espiral de violencia en las prisiones». Marlaska ha favorecido al 63% de los presos más conflictivos sacándolos del régimen de aislamiento, como ha informado OKDIARIO.

Los funcionarios de prisiones denuncian que debido a esta política de reducción de internos en primer grado, en las prisiones españolas «reina la impunidad» y han aumentado las agresiones a los funcionarios de prisiones. En total, desde 2010 se han registrado más de 5.800 agresiones. En concreto, con Marlaska como ministro se han producido 223 agresiones físicas en 2018, 223 en 2019, 176 en 2020, 159 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023, 504 en 2024 y 529 en 2025.

La APFP denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior «quieren vender a la sociedad la reinserción», cuando, de acuerdo a los datos de reincidencia, en más de un 45% no lo están logrando. Y afirma que «en base a esa reinserción que quieren vender a toda costa, se han enfocado única y exclusivamente en el tratamiento y han dejado de lado, completamente, la seguridad, el buen orden y la convivencia».

Esta asociación también señala que Marlaska afirmó en 2018, en el Senado, que «los más débiles son los internos». Unas palabras ante las que la APFP se alza declarando que «o no sabía la realidad de las prisiones españolas o pensaba que los internos están en las prisiones por robar gallinas para comer, y no por cometer delitos como terrorismo, asesinatos, violaciones, narcotráfico, bandas armadas, violencia de género, estafas y robos, entre otros, como ocurre».

«Los internos no son débiles, son personas privadas de libertad por un mandato judicial», subraya esta asociación, indicando que los profesionales penitenciarios son conscientes del medio hostil en el que desempeñan su trabajo, fundamental para la seguridad de la sociedad.

Y destaca que desde esta frase de Marlaska en el Senado, las cifras de agresiones a personal penitenciario no han parado de crecer y sólo en los tres últimos años se han registrado más de 1.500, de acuerdo a los datos oficiales.

Reforma del sistema penitenciario

Gonzalo Arboledas afirma que urge una reforma total del sistema penitenciario, en el que se respalde al profesional penitenciario con un protocolo anti agresiones, con apoyo psicolegal desde el primer momento, y el reconocimiento de agente de la autoridad, «algo que se necesita con urgencia».

«Acabar con las agresiones es imposible, pero podrían disminuir con cambios legales, como la derogación del PEAFA, el reconocimiento de agentes de autoridad, una gestión efectiva de la clasificación de los internos y paliar la falta de personal, con alrededor de 3.000 plazas vacantes actualmente, y abandonando esta política del buenísmo institucional de que los internos son los débiles», sostiene el presidente de APFP.

Y denuncia que no haya ningún protocolo específico para la violencia contra el personal penitenciario en el ejercicio de su profesión. El actual reglamento data de 1996, pero en lo que se refiere a las faltas y sanciones sigue vigente el de 1981 y no se adecúa a la situación actual.

Por ello, la APFP solicitará a todos los grupos parlamentarios un nuevo reglamento penitenciario, ya que ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni el Ministerio del Interior están tomando cartas en el asunto para parar el problema de las agresiones».

«Es incomprensible que a pesar de abrirse un expediente por cada agresión sufrida y que desde mayo de 2017 hasta la actualidad esto haya supuesto analizar más 4.000 situaciones que acabaron en agresión, en estos últimos ocho años no se haya reducido este problema, sino que se ha agravado respecto a años anteriores», critica Arboledas.

Y subraya que «lo que realmente necesitan los profesionales penitenciarios frente a este problema de las agresiones es un protocolo que establezca medidas preventivas y de protección; que toda acción que sea agresión con o sin lesión, que las amenazas o humillaciones sean consideradas violencia en el trabajo, y que se lleven a cabo medidas rápidas contra los agresores, como el traslado inmediato a otro centro penitenciario, cosa que no se hace siempre».