España
LEY DE EUTANASIA

Campaña de un enfermo terminal contra la eutanasia de Sánchez: «¿Y los que queremos vivir?»

Jordi Sabaté Pons, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha iniciado una campaña para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que garantice una partida presupuestaria para que las personas que padecen algún tipo de enfermedad terminal consigan ayudas para poder tener alternativas a la eutanasia.

Sabaté, que durante la campaña electoral del 4M entrevistó a representantes del todos los partidos excepto a PSOE, Más Madrid y Podemos para su canal benéfico de YouTube, ha pedido ayuda a las formaciones políticas para iniciar el procedimiento legal que corresponda para lograr esa partida y ya ha recibido la respuesta de PP y Vox.

Ambos partidos se han ofrecido a ayudarle poco después de presentar en los últimos días sendos recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Eutanasia que entró en vigor este viernes tras su aprobación el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados.

La ley, que salió adelante con 202 votos a favor y 141 en contra, regula el derecho a la eutanasia para quienes sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

Sin embargo, Sabaté denuncia que el «derecho a la muerte digna» es realmente una falacia porque el Gobierno no da ayudas para afrontar el elevado coste de los cuidados paliativos que requieren este tipo de enfermos para poder seguir viviendo.

«La gran mayoría de los enfermos terminales no pueden pagar sus tratamientos. Los que quieren seguir viviendo, que son la mayoría, no tienen ayudas para vivir, por lo que sólo les queda la opción de morir», explica a OKDIARIO.

Por lo tanto, este enfermo de ELA entiende que «la decisión de decidir libremente si se quiere morir no se da en igualdad de condiciones, ya que o tienes dinero o eliges la muerte, no hay más».

«La Ley de Eutanasia atenta sobre los derechos de las personas enfermas, si no tenemos ayudas para vivir y sólo tenemos ayudas para morir, bajo mi punto de vista se trata de un delito contra la vida», agrega.

En su caso concreto, el próximo mes de septiembre debe someterse a una traqueotomía para poder seguir con vida conectado a una máquina, lo que le supondrá un gasto anual de 65.000 euros para sus cuidados domiciliarios. Una cantidad que, sostiene, no podría pagarse el 96% de los enfermos terminales.

Sabaté se ha preguntado este viernes, coincidiendo con la entrada en vigor de la ‘Ley de la Muerte’, cuándo entrará en vigor la ley de ayudas integrales para los cuidados y el bienestar de los enfermos de ELA  y la de otros enfermos con enfermedades graves y mortales para «no tener que vernos obligados a morir antes de tiempo».

No es la primera vez que este enfermo arremete contra las políticas de Sánchez. En febrero de 2020, el presidente del Gobierno se comprometió por escrito vía redes sociales con Sabaté a que trabajaría para «mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y de sus familias» y lanzaba el alegato de que estas personas «debían ser escuchadas».

Nada más lejos de la realidad. Un año después de ese mensaje público, Sabaté dejaba en evidencia las promesas vacías de Sánchez. «Te comprometiste a darnos ayudas para una vida digna y sólo nos ofreces la eutanasia», le espetó.

Recursos de Vox y PP

Vox presentó el pasado 16 de junio su recurso a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia y pidió suspender cautelarmente sus efectos hasta la resolución del recurso, que ya ha sido admitido a trámite.

Tras su presentación, el líder de Vox, Santiago Abascal, señaló que «la Ley de Eutanasia es una derrota de la cultura de la civilización y una victoria de la cultura de la muerte» y que «el deber de la sociedad es ofrecer cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo».

«En cambio, sólo ofrecen una solución final a los que más sufren, una solución tan cruel como inhumana», apostilló.

Por su parte, el Partido Popular presentó su propio recurso el pasado jueves al entender, según explicó el portavoz nacional de la formación y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que el texto podía contener aspectos inconstitucionales.

España se ha convertido desde este viernes en el séptimo país del mundo, después de Canadá, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Colombia y Nueva Zelanda, donde entrará en vigor el próximo mes de noviembre.