El camino a la «insurrección» según el guardia civil que investigó el 1-O

El camino a la «insurrección» de Cataluña nació en un «período» gris para su historia más reciente. Los días comprendidos entre el 20 de septiembre de 2017 hasta la aplicación del artículo 155 con que el Gobierno central intervino la autonomía, casi un mes después. En aquel tiempo, eterno para muchos, la hoja de ruta diseñada por los líderes separatistas se tradujo en una escalada del grado de conflictividad, con el Estado español, de la que el asedio a la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat fue solo el inicio.

Durante aquel lapsus, el ‘procés’ se convirtió en «un polvorín» que aprovechó «al máximo la capacidad del Estatuto comunitario para sentar las bases» de lo que, en un futuro, sería la república independiente. Tras ser incautado el material en Unipost, el 19 de septiembre, que «fue un golpe duro» -y tras las detenciones practicadas un día después por orden judicial- se intensificó el despliegue de acciones, el número de concentraciones y su radicalidad, «el clima que se vivía era muy diferente». De hecho «en las hipótesis de nuestros planeamientos policiales para la confección de los dispositivos, de los que yo me encargaba» se basaban la previsión de desórdenes de naturaleza «insurreccional».

Quien así declara, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, nunca recibió la orden de investigar el ‘procés’ como tal, pero en el marco de sus indagaciones como policía judicial accedió a datos demoledores para el enjuiciamiento de los hechos.

Teniente coronel Baena: «El referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba el ‘procés’ y un requisito sine qua nom para la declaración unilateral de independencia». 

«El referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba» todo un proceso que era público. «Un requisito sine qua nom para generar una situación de conflicto que estaba abocada a la declaración unilateral de independencia», confirma Baena. Y abunda: «La agenda Moleskine» incautada durante el registro domiciliario «de José María Jové, no fue el comienzo de nuestra investigación sino la ratificación de la misma».

Quedaron «ciegos de corroboración» los agentes de la Guardia Civil cuando descubrieron la famosa agenda y el dossier ‘Enfocats’. Ambos encaminados al desarrollo de estructuras de estado propias, sobre una pretendida apariencia de legalidad. Elementos del Estado opresor al servicio de una narrativa que ‘apretaba’ para que se produjese la desconexión.

Malversación, violencia necesaria para la rebelión y concertación para delinquir. Del interrogatorio se desprende que la hoja de ruta asignaba un reparto de funciones a los líderes de la Generalitat, y diferentes niveles de dirección y ejecución para cada uno de ellos: «cobertura legal, medidas de presión previa movilización de la ciudadanía,…» relata Baena.

La acusación popular de Vox atribuye a los encausados el delito de organización criminal: coordinación de 2 ó más personas para cometer delitos

Incluidos los Comités de Defensa de la República (CDR) que «fueron una herramienta para coordinar la unidad de propósito de los actores sociales implicados en el ‘procés’: la celebración del referéndum ilegal primero y la declaración unilateral de la república después», confirma Baena a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal.

En los documentos incautados se recogía la necesidad de «aumentar el grado de conflictividad con el Estado español, la celebración del referéndum ‘sí o sí’ y el concierto necesario entre el Parlamento y las asociaciones civiles» tipo ANC y Òmnium Cultural, para perpetrar la declaración unilateral de independencia.

Testifical consistente

El teniente coronel Baena es el perfecto ejemplo de una testifical consistente. Sirva lo cual para reflexionar, una vez más, sobre el elevado nivel y grado de conocimiento técnico que, hasta la fecha y en mayor o menor medida de acuerdo a la exigencia de cada rango, han exhibido ante el tribunal los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ellos que fueron (y son) Estado, mucho antes de que el aparato político se plantease si quiera actuar, han demostrado cómo lejos de posicionamientos políticos, negociaciones vacuas y animadversiones ideológicas de cualquier signo, están para cumplir y hacer cumplir la ley. Entre otras cosas porque, se ha encargado Baena de dejarlo muy claro, las personas que estaban siendo investigadas, hoy enjuiciados, no lo fueron «por cómo piensan o sus ideas sino porque estaban cometiendo hechos que entendemos que son susceptibles de ser considerados delito».

«No investigamos a partir de acuerdos o declaraciones políticas» insiste, sólido, Baena. Ni siquiera investigaron entidades jurídicas -«ni los CDR, ni la ANC, ni Òmnium Cultural, fueron investigadas per sé- sino «conductas de personas, que hicieron cosas conectadas entre sí» y que «nos proporcionaron una serie de objetivos concretos de debimos seguir ampliando», como ramales de la investigación matriz,»sobre la malversación de fondos públicos» que, inicialmente, se les encomendó.

La declaración de Baena es consistente. Instruye el teniente coronel a los abogados, como testigo cualificado, sobre el impecable funcionamiento del Estado

Baena niega ser Tácito y se postula férreo. Ni si quiera titubea cuando el abogado de Oriol Junqueras, André Van den Eynde, le interroga sobre si es responsable de una cuenta de Twitter en la que emitió, presuntamente, mensajes contra el independentismo, bajo el pseudónimo de Tácito, mientras investigaba el ‘procés’. El teniente coronel niega ser propietario de la misma con una explicación tan sólida como enrevesada. Sin fisuras, eso sí, y casi anticipándose a la propia pregunta, como en el resto de su intervención.

Tiene Baena la común virtud entre los miembros de la Guardia Civil, que han sido citados a declarar, de desmontar con datos el relato político de los acusados y destrozar la estrategia de defensa de la mayoría de sus representaciones procesales. Testigos cualificados instruyendo a los abogados sobre el impecable funcionamiento del Estado.