Begoña Gómez planeaba crear una «red social» de empresas con el software por el que está imputada

Begoña Gómez aspiraba a convertir su plataforma para pymes -por la que está imputada por apropiación indebida e intrusismo- en una «red social» con el objetivo de poner en contacto a unas empresas con otras. Este software, ideado y creado para la Universidad Complutense, le ha supuesto a Gómez dos imputaciones, además de la de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer de Pedro Sánchez registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una herramienta idéntica a la desarrollada para la Complutense.

En dicho portal se permitía a las empresas acceder a una «medición de impacto social y económico», así como el acceso a «informes de sostenibilidad», como reveló OKDIARIO, para captar contratos públicos.

Gómez detalló la puesta en marcha de esa plataforma en una reunión de la llamada «comisión mixta de seguimiento» de su cátedra de la Complutense, celebrada el 27 de enero de 2022.

«Como parte del compromiso que tiene la cátedra TSC con el impacto social y medioambiental, así como con la sostenibilidad económica de las empresas en general y las pymes en particular, se está trabajando en una plataforma de medición de impacto», anunció la esposa del presidente socialista, según el acta de la reunión a la que ha tenido acceso este periódico. En esa reunión anunció, además, que hasta seis empresas le montarían gratis el software.

A continuación, pasó a exponer sus objetivos con esta plataforma, «concebida como una red social  o comunidad, donde las pymes no sólo la utilizarán para medir su impacto sino que las pondrá en contacto con otros agentes de su entorno. De esta forma se consiguen alianzas que multiplican el impacto», señaló Gómez.

Apropiación indebida

La mujer de Pedro Sánchez está imputada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Los dos primeros están relacionados con las cartas de recomendación que firmó para que su socio, Juan Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en dos contratos del Gobierno. Los segundos, con esta plataforma creada para la Universidad Complutense.

Cabe recordar que Gómez logró que Indra, Telefónica y Google colaborasen de forma gratuita en el desarrollo de este software. Sin embargo, las empresas no llegaron a finalizar el proyecto, por lo que la esposa del presidente socialista tuvo que recurrir a varios contratos, a través de la Complutense, por importe de más de 100.000 euros.

Uno de ellos, el de mayor cuantía -Servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid- fue adjudicado a Deloitte, por 60.500 euros. La mujer de Sánchez firmó personalmente el pliego técnico de esta licitación, en julio de 2023, por lo que además está imputada por intrusismo.

Gómez declaró la semana pasada ante el juez Juan Carlos Peinado para responder por los delitos en relación con este software.

En su comparecencia negó haber actuado con ánimo de lucro y señaló a la Complutense: «Yo sigo las pautas e indicaciones de la escuela de Gobierno y los vicerrectores», manifestó.

También defendió haber firmado los pliegos siguiendo instrucciones de la institución pública y señaló que la plataforma no llegó a estar «operativa». Estaba, dijo, «al 80% de su creación».

La Complutense ya sugirió la posible apropiación indebida de este software en una investigación para determinar si se habían causado «perjuicios al patrimonio de la Administración Universitaria».

En su informe, la Complutense dejaba de manifiesto la falta de colaboración de la mujer de Pedro Sánchez para aclarar este asunto. Por ello, emplazaba al juez a seguir la investigación.

«Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», concluía el ente universitario.