Los ingenieros de Caminos fueron orillados

El Gobierno también asaltó la Dirección del Agua: colocó a 3 socialistas en su cúpula y redujo a la mitad los ingenieros

Transición Ecológica puso al frente de algunas confederaciones hidrográficas a personas ajenas a la Ingeniería de Caminos o vinculadas al partido

El Gobierno también asaltó la Dirección del Agua: colocó a 3 socialistas en su cúpula y redujo a la mitad los ingenieros

No solo Adif. Después del fatal accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, que se saldó con la muerte de 69 personas, la atención pública advirtió la politización de la cúpula del gestor de las infraestructuras como una de las causas de la general degradación del servicio, pero lo cierto es que esa práctica se ha extendido a otros ámbitos de la Administración del Estado, incluyendo uno de tan sensible como la política hidráulica.

La Asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP) lleva años denunciando el problema que enfrentan; esto es, la paulatina expulsión de los técnicos del ramo de las más altas instancias que deben gobernar la gestión de las presas, embalses, azudes, torrentes, ríos y canales de nuestro país, a veces incluso para poner en su lugar a afiliados de partido ajenos a la ingeniería civil.

Que la administración del agua es un área al menos tan sensible como el ferrocarril es algo que quedó demostrado con la DANA del 29 de octubre de 2024. Dos cosas quedaron claras ese día. Una, que la catástrofe podría haber sido menor de haber contado el barranco del Poyo con elementos de laminación que hubiesen retrasado y reducido el caudal de la riada; y dos, que sin lugar a duda habría sido mucho peor si la presa de Forata se hubiera quebrado.

No es una exageración, pues el agua estuvo a poco más de un metro de desbordarse por la margen derecha de la corona (el punto más alto del muro), hecho que hubiera derivado en un vertido sin control que, al impactar en la base de la estructura, podría haberla derrumbado; la probabilidad de que eso pasara es reducida, pero suficiente como para que desde la AICCP adviertan de que hay un problema de déficit inversor.

Y para lo que hace al caso, lo que ambos incidentes ponen de relieve es que una buena gestión de los recursos hidráulicos es de capital importancia. Y es precisamente por esto que siempre fue un feudo de los ingenieros de Caminos, de ahí el malestar del sector ante el hecho de que el Ejecutivo haya reducido la ratio de profesionales del gremio en la cúpula de la Dirección General del Agua, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que administra la política hídrica. “Firman cosas para las que no tienen capacitación”, denuncia a OKDIARIO Jesús Contreras, vocal de la AICCP.

Un repaso a vuelapluma por el organigrama del departamento que dirige Sara Aagesen evidencia un cambio en el modelo de gobernanza, pues si en 2018 -cuando se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa- diez de los catorce puestos de mayor relumbrón en la Dirección General del Agua estaban ocupados por ingenieros de Caminos, ocho años más tarde la ratio se ha reducido a la mitad.

Actualmente, solo seis de los máximos responsables del área hídrica pertenecen al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, y mientras esto ocurría, algunos afiliados al PSOE o exconcejales carentes de formación en ingeniería civil aterrizaban en puestos de responsabilidad; en algún caso, incluso sin tener estudios del área de ciencias.

Lo cierto es que el ejemplo más llamativo no está dentro de la Dirección General sino un escalón por encima. Se trata de Hugo Morán Fernández, que desde 2018 ejerce como secretario de Estado de Medio Ambiente pese a no tener título universitario (solo se sabe que inició los estudios de Derecho) y tras desarrollar buena parte de su carrera profesional en la vida política local y autonómica como miembro del PSOE.

De este último depende orgánicamente la directora general del Agua (María Dolores Pascual Vallés), una licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; y de esta, cuatro subdirecciones generales (Planificación hidrológica, Gestión económica, Dominio público hidráulico y Protección de las aguas) ocupadas por dos ingenieros de Caminos, una doctora en Química y un Ingeniero Técnico Forestal y de Obras Públicas (además de Licenciado en Ciencias Ambientales). En algunos casos, se trata de perfiles con insuficiente conocimiento en hidráulica y obra civil, denuncian los ingenieros.

Y por fin, las nueve confederaciones hidrográficas, entes sensibles como pocos porque de ellos dependen directamente las 375 presas estatales. En este frente, el cambio con respecto a 2018 ha sido brusco, pues donde antes había ocho presidentes con título de ingeniero (seis de Caminos y dos agrónomos), ahora hay seis (solo cuatro de Caminos), aunque hasta el año pasado eran cinco.

Merecen comentario aparte dos casos. Uno es el de José Antonio Quiroga Díaz, un historiador de carrera que antes de acceder a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en 2018 no había tenido ningún cargo en el sector, más allá de dirigir el Ecomuseo de Arxeriz, que dispone de una sala especial dedicada a la cultura fluvial de los ríos Miño y Sil. Además de diputado del PSOE en Galicia, Quiroga Díaz había sido técnico de gestión de proyectos en la Diputación de Lugo, jefe del Sepe en esa provincia y profesor y jefe de estudios en el ámbito docente.

El otro perfil singular es el de Joaquín Páez Landa, un licenciado en Ciencias Biológicas que entre 2018 y 2025 presidió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tras haber sido concejal y secretario general del PSOE en Chiclana, además de profesor de Biología y alto cargo de dos organismos de gestión local de aguas en Cádiz.

En 2023, Páez fue noticia después de que ABC publicara una información en la que resumía el repertorio de insultos que el político había dedicado al Partido Popular antes de ser presidente de la Confederación Hidrográfica, como «vomito con el PP», «despreciable y ruin el PP», «asquerosos» o «sinvergüenzas». De hecho, incluso siendo presidente de la CH no tuvo reparos en dejar clara su adscripción política en sus redes. Tras su dimisión en julio del año pasado fue sustituido por Gloria Martín Valcárcel, una ingeniera Química de perfil apolítico que venía de ocupar varios puestos de responsabilidad en el organismo.

El que sí es ingeniero de Caminos y no por ello disfruta de una cierta presunción de imparcialidad es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo Cebellán, pues antes de asumir ese puesto había sido concejal del PSOE y, una vez metido en el ojo del huracán por las dudas sobre su gestión de la DANA de 2024, no dudó en contratacar con descalificaciones hacia un consejero del PP en la Generalitat Valenciana y tratando de quitarse de encima las posibles responsabilidades con críticas encendidas contra el Gobierno de Carlos Mazón.

Sea cual sea el relato que se acabe por imponer sobre ese desastre, lo que no va a cambiar es que, dos años después, la mayor parte de las presas que dependen directamente de la CH del Júcar siguen sin tener implantado un plan de emergencia que pueda proteger a las poblaciones más cercanas en caso de accidente.  

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