Dos años después de la DANA

Más de un 70% de las presas estatales no tiene un plan de emergencia para proteger a la población en caso de inundación

Transición Ecológica acumula un sonado retraso en la implementación de los planes, que incluyen medidas como la instalación de sirenas o informar a los alcaldes de los municipios cercanos

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La mayor parte de las presas no han implementado el plan de emergencia

De todas las cosas que el Ministerio de Transición Ecológica no ha hecho en los últimos años en lo que respecta a la gestión de las infraestructuras hidráulicas de nuestro país, lo más sangrante posiblemente sea su incapacidad para implantar los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal; esto es, hacer las inversiones y gestiones necesarias para que, en caso de que las paredes de un embalse se vengan abajo, la población de los municipios afectados y —sobre todo— sus alcaldes cuenten con los medios para ponerse a salvo y sepan cómo actuar.

Tal y como explica a OKDIARIO Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP), esta es una carencia que se arrastra desde hace años, y una cuyo potencial efecto destructivo se hizo evidente el 29 de octubre de 2024, cuando, durante la tristemente célebre Dana de Valencia, la presa de Forata soportó una crecida del río Magro de una magnitud suficiente como para que se temiera un desborde e incluso una posible rotura.

De haber sucedido esto último, explica el experto, los ediles de la zona “no habrían sabido qué hacer”; de hecho, lo que dicen los informes, testimonios y demás pruebas que se han ido recogiendo en los tribunales y comisiones parlamentarias desde entonces atestiguan que, cuanto menos, en los municipios incluidos en la hipotética onda de rotura hubo temor y no poco caos.

Resulta difícil estimar cuán cerca estuvo Forata de quebrarse. Para Jesús Contreras, el riesgo existió, pues la avenida se quedó a poco más de un metro de distancia de desbordar la corona por su margen derecha, hecho que hubiera provocado un vertido sin control que, al impactar en la base de la estructura, podría haberla socavado, con el consiguiente riesgo de derrumbe.

Tampoco es sencillo establecer una potencial cifra de víctimas en ese escenario, pero ha trascendido que durante la primera reunión del Cecopi (centro de coordinación de emergencias) ese fatídico 29 de octubre, los técnicos aseguraron que los muertos podrían alcanzar los 20.000.

Lo que sí está fuera de toda duda es que Transición Ecológica no ha hecho los deberes para preparar al sistema frente al peor de los escenarios. Los datos son parcos porque el departamento que dirige Sara Aagesen apenas los da de manera actualizada, pero con lo que hay sobre la mesa se puede concluir que apenas un 21% de las presas de titularidad estatal tienen implementado su plan de emergencia.

Todos los tienen redactados, pero en la mayor parte de los casos no se han ejecutado las medidas para hacerlos efectivos, que incluyen la instalación de sirenas para advertir a la población de los municipios cercanos, disponer de salas de control y mecanismos de comunicación redundantes (un plan B por si el teléfono falla) o informar y coordinar a los alcaldes para que sepan cómo actuar o dónde evacuar a la población en caso de accidente.

Según datos recopilados por la Asociación de Ingenieros de Caminos, actualmente solo 51 presas estatales (el 13%) tienen ejecutado plenamente su plan tal y como obliga la ley; esto es, según lo previsto en el Real Decreto 264/2021 y las órdenes ministeriales que se derivan del mismo, así como la normativa de Protección Civil.

Si se toma como referencia el documento Líneas de actuación para la mejora de la seguridad de las presas 2023-2033, un informe publicado en diciembre de 2023 por el Ministerio de Transición Ecológica, el recuento queda en 56 planes ejecutados y 258 pendientes, lo que equivale a una ejecución de apenas el 21%, tomando únicamente aquellas presas que por sus características y tamaño están obligadas a implantar un plan de emergencia.

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