Tribunales

La Audiencia Nacional procesará a la cúpula de ETA por el asesinato de la niña de 6 años en Santa Pola

El juez pidió autorización a Francia para procesar a la cúpula de ETA por el atentado con coche bomba

Audiencia Nacional ETA Santa Pola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesará a la cúpula de ETA por el atentado del 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en el que murió un hombre y una niña de seis años. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha pedido autorización a Francia para poder procesarles como responsables de dirigir el asesinato. Los autores materiales de ese atentado fueron los etarras Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, que ya fueron juzgados y condenados por la Audiencia Nacional en 2012.

Un coche bomba estacionado junto a la valla del cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola asesinó a Silvia Martínez, que jugaba en ese momento en su casa, y a Cecilio Gallego, que esperaba en la parada del autobús. La niña era hija de un agente y el hombre se acaba de prejubilar en Telefónica. La banda no les dio ninguna oportunidad y les asesinó sin previo aviso para que desalojaran la zona. Fueron dos víctimas civiles de los más de 800 asesinatos que perpetró la banda terrorista.

Su atentado fue investigado por la justicia y la Audiencia condenó a los autores materiales del mismo, sin embargo, a raíz de una querella interpuesta por Dignidad y Justicia se reabrió la causa décadas después. La asociación de víctimas dirigida por Daniel Portero señalaba a la cúpula de ETA o ZUBA como los responsables de dar la orden para que se produjera este atentando en Santa Pola que se investiga en la Audiencia Nacional.

El juez admitió la querella y dirigió el procedimiento contra Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede; Ainhoa Mugica Goñi, alias Olga; Félix Ignacio Esparza Luri, alias Navarro, Gava y Ana; Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxo, Txango y Lohitzun, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, Marisol o Anboto. Todos estos miembros del Comité Ejecutivo de la banda fueron citados a declarar ante el juez.

Informe de la Guardia Civil

Un informe de la Guardia Civil aportado al sumario de la causa confirma la participación en el atentado terrorista de los dirigentes de ETA. Los agentes señalan que eran los responsables del aparato militar en el momento de los hechos, por lo que serán procesados como ya ocurriera con la cúpula de la banda en el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El juez también libró oficio a la Jefatura de Información de la Guardia Civil para que elaborara un documento sobre el estudio de placas de matrículas utilizadas y la procedencia de las mismas, además de analizar las troqueladas utilizadas en el coche bomba con el que se cometió el atentado terrorista de Santa Pola. El análisis de esta máquina robada por ETA para fabricar matrículas falsas y que se usó en el atentado de Santa Pola en 2002 podría servir también para esclarecer otros asesinatos cometidos por la organización terrorista entre 1999 y 2005.

Principio de especialidad

El juez de la Audiencia Nacional ya ha pedido permiso a Francia para poder juzgar a los jefes de ETA en el atentado de Santa Pola. Los etarras se acogían al principio de especialidad que consiste en que un Estado miembro, que desee procesar o condenar a una persona por un delito cometido antes de su entrega en ejecución de una orden distinta de la que motivo su entrega, deberá obtener el consentimiento del otro país. De este modo, el juez acordó librar una orden europea de detención a las autoridades galas para poder tomar declaración a los investigados.

Manuel García Castellón señaló a Olga como responsable del aparato militar de ETA desde la detención de Txapote, en febrero de 2001. Así, la etarra habría sido «la encargada de impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España». El juez de la Audiencia Nacional también apuntó a Anboto como máxima dirigente de ETA entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando «empezó a desarrollar otras funciones directivas relacionadas con la gestión de las finanzas de la organización terrorista y el control de los zulos» de la banda. Ahora, serán propuestas para juicio y la Sala de la Audiencia Nacional deberá juzgarlas junto al resto de dirigentes de ETA cuando se produjo el atentado de Santa Pola.

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