La Asociación Saharaui de Derechos Humanos recurre el archivo de su querella contra Brahim Ghali

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar su querella contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, insistiendo en que es culpable de un delito de genocidio «imprescriptible» por cuanto habría participado en torturas a los detenidos en las cárceles de Tinduf entre los años 70 y 90 que se enmarcarían en un plan de «destrucción física» de esta población.

ASADEDH ha presentado un recurso de apelación contra el auto donde Pedraz archiva la querella para Ghali al considerar, por un lado, que los hechos habrían prescrito porque se aplicaría el Código Penal de 1973 que fija en 20 años la responsabilidad criminal y, por otro, que aunque se pudieran investigar hay una «manifiesta insuficiencia» de indicios que apunten a que Ghali participó en las presuntas torturas.

En el recurso ASADEDH insiste en que las presuntas torturas a las que miembros del Frente Polisario y militares argelinos habrían sometido a los detenidos en las supuestas cárceles secretas que tenían en los campamentos de refugiados saharauis de tinduf (Argelia) en esas décadas fueron parte de un «plan global diseñado e implementado sistemáticamente por los autores para destruir a los saharauis»: un genocidio.

La asociación asevera que Ghali «participó directa y personalmente con hechos constitutivos de torturas», «siendo plenamente consciente de su inserción en un proceso sistemático de destrucción del grupo étnico saharaui acometido por militares del Frente Polisario».

De tal modo -expone- que «la acción desarrollada por Ghali no fue una acción aislada y desconectada de todo el plan genocida, llevada a cabo por una persona independiente, en solitario y por su cuenta y riesgo», sino que «se desarrolló temporal, objetiva, subjetiva y geográficamente dentro del plan de destrucción física».

Capacidad de mando

En la misma línea, destaca que «Que participaron en los mismos no fue meramente accidental, casual o transitoria: era funcionario del Ministerio de Defensa y, por tanto, desarrollaba sus tareas profesionales en términos permanentes y diarios en este lugar».

La asociación saharaui atribuye a Ghali «la dirección global del plan» porque, como ministro de Defensa del Frente Polisario en esa época, «tenía responsabilidad decisoria».

A su juicio, el hecho de que Ghali se situara «en los escalones superiores del Frente Polisario o del aparato de poder organizado que cometió el genocidio contra el pueblo saharaui le hace responsable por sí mismo».

«En cuanto que tuvo capacidad de dirección, decisión y/o organización y participó en los hechos de manera general y persistente en el tiempo, hay base indiciaria que permite procesarle por delito de genocidio por todos los delitos cometidos por la estructura de poder o bajo su ámbito», concluye.

Delito «Imprescriptible»

La querellante pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que reactive su querella contra Ghali alegando además que el delito de genocidio es «imprescriptible», conforme al Derecho Internacional.

Sin embargo, aduce igualmente que, incluso en el caso de que no se considerara como tal, el plazo de prescripción comenzaría a correr cuando acabaron los hechos, algo que fecha en 1991, por ser el año en el que fueron liberados muchos de los «desaparecidos forzados» y del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Con esa lógica, los hechos ilícitos habrían caducado en 2011, si bien recuerda que la primera querella se presentó en 2008.

Plantea un tercer escenario que considerara el punto de partida de las acusaciones contra Ghali la ampliación de la querella realizada en 2015 por tres supuestas víctimas. Sobre esto, ASADEDH defiende que no es posible aislar los distintos comportamientos que conformarían el genocidio. «Estamos, por el contrario, ante un comportamiento complejo que constituye una unidad delictiva íntimanente conexionada», afirma.

En todo caso, ASADEDH sostiene que la valoración concreta de la actuación de Ghali en estos hechos, «determinando si formaba parte del aparato represor del genocidio o si, por el contrario, fue ejecutor de unos actos determinados y únicos en unas fechas concretas, es algo que, debe dilucidarse en el acto del juicio
oral».

Rebate asimismo otro de los motivos que dio Pedraz para archivar la causa para Ghali, en el que sostuvo que no se dan las características del genocidio en los hechos denunciados porque no observa la «intención conjunta» de los acusados de «destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen» y no ve «rastro» de los «subgrupos» a los que ASADEDH identifica como víctimas del supuesto exterminio -los tekna, aitusa, yegutt y los pobladores del ex Sáhara español-.

«Las acciones investigadas cometidas por militares del Frente Polisario se dirigían unívocamente contra los saharauis, personas originarias del territorio del Sahara Occidental, que eran sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes períodos de tiempo», le responde la querellante.

Busca y Captura

Por todo ello, ASADEDH no solo solicita a la Sala de lo Penal que reactive su querella contra Ghali, sino que acuerde «ordenar su busca, captura e ingreso en prisión, cursándose las oportunas órdenes internacionales de detención contra el mismo para su ulterior extradición».

El líder del Frente Polisario salió de España la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante Pedraz por esta y otra querella de contenido similar. El juez decidió dejarle libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra.

Ghali negó cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos, mientras que su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Pedraz tiene en sus manos una segunda querella contra Ghali. Se trata de la presentada en 2020 por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Hay que tener en cuenta además que la querella presentada por ASADEDH se ha archivado para Ghali, pero sigue viva para los demás querellados: más de una veintena de agentes del Frente Polisario y cuatro militares argelinos.