El año del pacto contra la violencia machista se cierra con 56 homicidios y casi 1.000 desde 2003

Al menos 943 mujeres y niños han sido asesinados en España en crímenes de violencia de género desde que comenzaron a recogerse estadísticas oficiales en el año 2003 (2013 en el caso de los menores) y este año, en el se ha firmado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género 13 años después de que viera la luz la Ley Integral, se cierra con un incremento en los homicidios, que ascienden a 56 confirmados a 30 de diciembre.

En concreto, sólo en 2017 han sido asesinadas 48 mujeres, incluido el feminicidio registrado el miércoles en Azuqueca de Henares (Guadalajara). No obstante, el balance podría ascender a 52 si se confirma que tenían el mismo móvil machista los feminicidios que se han producido este año en Benicásimm (Castellón), Mogán (Las Palmas), La Llagosta (Barcelona), y Redondela (Pontevedra).

Con los casos confirmados, el balance mortal de la violencia de género habrá dejado este año cuatro mujeres muertas más que en 2016, cuando fueron 44, la primera vez en toda la serie histórica que los asesinatos de mujeres en España por violencia de género bajaron del medio centenar.

A lo largo de 2017 han sido asesinados además 8 niños y niñas por los hombres que torturaban a sus madres, la cifra más elevada desde que en 2013 comenzaron a computarse también estos casos que, desde la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, constan como crímenes de violencia de género. En estos cuatro años de estadísticas han sido 23 los menores de edad asesinados en estas circunstancias.

27 niños huérfanos de madre

La violencia de género que acaba en muerte ha dejado otras víctimas este año, los 27 niños y niñas que se han quedado huérfanos de madre en estos crímenes. Entre ellos están los tres hijos de la mujer de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que habrían presenciado el asesinato de su madre. Además, otro hombre ha asesinado al nuevo novio de su ex, aunque este tipo de homicidios no computan en las estadísticas oficiales ni en la Ley Integral como casos de violencia de género.

Según las estadísticas oficiales, sólo en 10 de los feminicidios registrados este año existían denuncias previas por violencia de género y 9 de ellas fueron impulsadas por las propias víctimas. En total, siete solicitaron órdenes de protección, de las que seis se concedieron y cinco estaban vigentes en el momento del crimen machista.

En cuanto a las víctimas, el grupo más numeroso (15 mujeres) tenía entre 31 y 40 años de edad, 11 de 51 a 50 y diez no habían cumplido la treintena. La gran mayoría eran de nacionalidad española y en seis de cada diez casos, aún convivían con su maltratador, de quien seguían siendo pareja. Fueron 18 las mujeres que ya habían roto con el asesino o estaban en fase de ruptura.

Madrid es la región que tiene que lamentar más víctimas mortales este año, con un total de 8 mujeres asesinadas en su territorio. Siete en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Seis en Castilla-La Mancha, cuatro en Canarias, tres en Murcia, dos en País Vasco y Extremadura y una en Galicia y Navarra.

Meses de trabajo en el Parlamento

Son las cifras del año en el que por fin ha visto la luz el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un esfuerzo fraguado en el Congreso y el Senado y que cuenta, además de con el apoyo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria —Podemos se abstuvo en el Congreso pero respaldó la ponencia del Senado—, con la adhesión de las comunidades autónomas, los agentes sociales y las organizaciones de mujeres, de modo que ya está listo para echar a andar.

Conseguirlo no fue fácil, pese a ser una reivindicación compartida por los distintos partidos a lo largo de los últimos años. El primer paso se dio finalmente en noviembre de 2016 con una iniciativa conjunta del PP y el PSOE en el Congreso que fue aprobada en Pleno por unanimidad y que preveía la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad donde se fraguaría el informe con el que se construiría el pacto.

La subcomisión se constituyó en febrero de este año con una agenda muy apretada, pues tenía cuatro meses para elaborar un informe que requería la comparecencia de multitud de expertos de distintas disciplinas y el análisis de documentación diversa. El trabajo se culminó en junio, cuando la Comisión de Igualdad aprobó por unanimidad un texto que proponía algo más de 200 medidas concretas en 8 ejes de actuación.

Este informe viajó al Pleno del Congreso, donde fue aprobado por todos los grupos a excepción de Unidos Podemos, que decidió abstenerse porque según argumentaron, el texto era mejorable, especialmente en el abordaje de otras formas de violencia sobre la mujer.

El presupuesto y las reformas legislativas

El 28 de septiembre salió adelante con un compromiso económico de 1.000 millones en cinco años a financiar a partir de 2018 y que de momento, el Gobierno no ha liberado a falta de Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio. No obstante, se ha comprometido a aportar esa partida modificando los presupuestos de 2017 en caso de que sean prorrogados.

En el caso del Senado, fue a raíz de una moción registrada en el mes de diciembre cuando se creó una ponencia de estudio de estrategias contra la violencia de género en el marco de la consecución de ese Pacto de Estado y que en el mes de julio se saldó con un informe que proponía 262 medidas. Fue aprobado por unanimidad.

En principio, el Gobierno explicó que un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad analizaría ambos informes y elaboraría un texto refundido que después sería sometido a aprobación por parte de ministerios, comunidades autónomas, agentes sociales, Poder Judicial y organizaciones del tercer sector, que se sumarían así al Pacto de Estado. Finalmente, el texto de trabajo ha sido el aprobado en el Congreso y a él se han sumado el resto de los agentes, lo que ha suscitado cierto malestar en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta.

Con todo, el Pacto de Estado ha echado a andar más o menos en plazo, pues se daban dos meses al Gobierno para reunir esas adhesiones que al final han sido tres debido, según la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, a la coincidencia de la campaña electoral en Cataluña. El siguiente paso será dotarlo de financiación, como recordaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 27 de diciembre las comunidades autónomas y después, comenzar a fraguar las reformas legislativas que contempla.