Aldama entrega whatsapps con el jefe de gabinete de Montero y ratifica las comisiones de Ábalos
El empresario declara durante más de tres horas ante el Supremo
El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Ábalos, ha entregado este lunes una fotocopia con whatsapps con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha ratificado que entregó comisiones al que fuera número 3 del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
El presunto comisionista del caso Ábalos ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo ante el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente. Lo ha hecho después de que este jueves, Ábalos hubiera respondido a las preguntas del juez del Alto Tribunal y negase su participación en los hechos delictivos que se están investigando.
El comisionista ha llegado a los juzgados en coche junto con su abogado, José Antonio Choclán. Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, le ha acompañado conduciendo el mismo vehículo del que ha salido Aldama. Ambos se han estrechado la mano al salir y, acto seguido, el empresario ha entrado en el juzgado mientras Esteve volvía al vehículo.
Aldama ha estado declarando durante más de 3 horas. En el transcurso de esa citación, también ha aportado pruebas de conversaciones entre él y el que fuera ayudante de Ábalos, Koldo García. Esos chats mostraban las comunicaciones entre ambos sobre varias contrataciones públicas, de forma genérica, según apuntan fuentes presentes en el juzgado.
Respecto a Ábalos, el empresario ya había declarado hace unos días ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano que había pagado al ex ministro de Fomento más de medio millón de euros en concepto de mordidas por la adjudicación de contratos públicos a empresas que pagaban a la trama una contrapartida por las mismas.
Ahora, el presunto comisionista del caso se ha ratificado. Durante gran parte de su declaración, Aldama ha tratado de desmontar la estrategia jurídica de Ábalos, quien se había desvinculado por completo de la trama. El empresario lo ha vuelto a señalar no sólo como conocedor, sino que se ha reafirmado en que le entregó unas cantidades de dinero en concepto de mordidas por presuntos amaños en contrataciones públicas.
También se ha referido al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. En su momento, había declarado que conocía que Koldo le había entregado 15.000 euros relativos al «cupo vasco». En la comparecencia de este lunes ante el juez, ha ratificado estas afirmaciones.
Por otro lado, varias informaciones apuntan a que el empresario habría entregado una nota escrita a mano por Koldo en la que, según la declaración del comisionista, quedarían reflejadas presuntas adjudicaciones de contratos públicos que habrían sido amañadas.
Sin todas las acusaciones
A la declaración de Aldama, tal y como ocurrió en la comparecencia de Ábalos, no han podido acudir las acusaciones populares. El juez del Supremo Puente ha unificado todas las acusaciones bajo el paraguas de la primera, que fue el Partido Popular.
Las partes personadas han anunciado que recurrirán la prohibición de no poder acudir al interior del Supremo para presenciar las declaraciones de los acusados por considerarla «arbitraria». Iustitia Europa, una de las acusaciones, ha considerado que se vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a la acción Popular porque todas ellas «representan enfoques diferentes, intereses y finalidades que no pueden ser tratados como homogéneos».
Tras tres horas ha salido del Supremo sin realizar ninguna declaración a la prensa que se agrupaba en la puerta del Alto Tribunal. El presunto comisionista del caso ha dejado el lugar en un coche conducido por Daniel Esteve, tal y como ha llegado a los juzgados.
Durante la declaración de Aldama, Carmen Pano, la empresaria que aseguró que había llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, ha sido detenida en medio de los registros de la UCO en varias empresas vinculadas a la trama de los hidrocarburos, el presunto fraude del IVA a través de varias sociedades que comercializaban con fuel y que se cifró en 180 millones de euros.