Alcorcón pagará 3,5 millones por una chapuza de la edil que Sánchez ha colocado en el Comité Federal

Una nueva operación lesiva para las arcas municipales de Alcorcón se acumula sobre la gestión que Natalia de Andrés, miembro del comité federal del PSOE para la que el fiscal pide cinco años de inhabilitación por haber quebrado la empresa municipal de la vivienda, realizó mientras fue concejal de Urbanismo en el municipio madrileño.

En 3,5 millones de euros ha fijado el tribunal la expropiación que el Ayuntamiento está obligado a acometer ahora para ‘legalizar’ una operación heredada de la concejal socialista. De Andrés decidió en 2012 acometer en suelo privado una obra pública sin expropiación ni permuta previa al amparo de Plan E que el presidente Zapatero puso en marcha con la intención de revitalizar la obra pública en plena crisis.

A día de hoy, en Fuente Cisneros, barrio del municipio madrileño de Alcorcón, se hallan ejecutadas dos infraestructuras locales: un parque público y un centro cultural. Ocupan 80.500 metros cuadrados. Fueron pagados y financiados no por el Ayuntamiento de Alcorcón, sino por la Administración General del Estado a cargo del denominado Plan E. Solo el parque supuso un montante de 2.381.842,74 euros.

Se urbanizó suelo rústico

El problema surge en el modo en el que se gestó la inversión. El entonces gobierno municipal socialista, con Natalia de Andrés como responsable de Urbanismo, decidió acometer el proyecto sobre un suelo privado y catalogado como rústico, valorado en 400.000 euros. Y lo hizo “sin sustanciar ningún procedimiento para ocupar legalmente los terrenos y compensar a los propietarios”, explican fuentes municipales.

Cuando el Ayuntamiento intentó la permuta, se percató de que los terrenos estaban afectados por servicios públicos de otra administración. El tiempo pasó, los propietarios se hartaron y reclamaron en vía judicial. El juez sentenció lo evidente: que el Ayuntamiento tenía que expropiar. Y la expropiación se ha valorado en 3,5 millones.

Natalia de Andrés acometió una inversión pública en suelo rústico privado sin expropiar ni permutar. Los propietarios reclaman ahora 3,5 millones de euros

Así que un terreno que el gobierno municipal socialista pudo comprar por 400.000 euros, pues era rústico y no edificable, ha pasado a multiplicar su valor hasta los 3,5 millones, desembolso al que ahora tiene que hacer frente el gobierno municipal del PP. Como explican desde el Ayuntamiento, “ahora todos los justiprecios hay que establecerlos mirando la realidad física del terreno y no la calificación que tuvo en su día. La realidad física indica que está, de hecho, urbanizado porque se ha creado, ni más ni menos, un equipamiento como es el centro cultural”.

Los grandes beneficiados de esta deficiente gestión, que ha convertido un suelo rústico en edificable por la vía de los hechos consumados, son los propietarios del terreno. Hubieran recibido alrededor de 400.000 euros en 2012 y ahora los tribunales les amparan para embolsarse al menos 3,5 millones. Un pelotazo que no ha necesitado de ningún cambio urbanístico, con la publicidad y los controles exigidos por ley.

El grupo municipal del PP tiene muchas incógnitas sobre la operación autorizada por Natalia de Andrés. De ahí que haya solicitado una comisión de investigación.