El alcalde socialista de Coslada dejó sin repartir 254.000 € en ayudas para familias vulnerables

El Ayuntamiento de Coslada ha sido incapaz de adjudicar las ayudas para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad del municipio. Por este motivo, el Consistorio dirigido por el socialista Ángel Viveros sólo ha concedido 41.000 euros en este tipo de subvenciones, por lo que tendrá que devolver a la Comunidad de Madrid más de 254.000 euros que no han sido repartidos.

Ante los efectos adversos que provocó la pandemia, Europa destinó recursos adicionales en calidad de ayuda a la recuperación para la cohesión de los territorios de Europa a través del fondo REACT-EU. El 29 de abril de 2022 se formalizaba definitivamente el convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y el Ayuntamiento de Coslada, destinado a la concesión 295.816 euros en dos anualidades en concepto ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad por el impacto del Covid.

Estas ayudas tenían como finalidad dar cobertura a las necesidades básicas de personas y familias en situación de emergencia social en el municipio como consecuencia de la crisis económica y social provocada por el Covid-19 y cubrir los gastos dirigidos al fomento de la inserción laboral de las personas beneficiarias de las ayudas.

La concesión de este tipo de ayudas estaba asociada al agotamiento de prestaciones en la unidad de convivencia, pérdida de ingresos regulares y suficientes o carencia de los mismos para hacer frente a la cobertura de necesidades básicas, es decir, aquellas relacionadas con la adquisición de productos de alimentación, higiene, limpieza, calzado, vestido y otros productos con el mismo fin, así como aquellas asociadas a la participación en itinerarios de integración social y laboral.

Sin embargo, el Gobierno municipal socialista ha sido incapaz de poder ejecutar dicha subvención y sólo ha podido de justificar 41.000 euros, dejando más de 254.463 euros sin destinar y ahora debe devolver ese importe a la Comunidad de Madrid. «¿Realmente había tan pocas familias en nuestro municipio que requirieran de dicha ayuda o, por el contrario, al igual que con el remanente, han sido incapaces de gestionar los expedientes?», se cuestiona el Partido Popular de Coslada.

Las ayudas Covid-19 a familias vulnerables no han sido las únicas que han sufrido los problemas de gestión del Ayuntamiento socialista de Coslada. El último informe de Control Interno correspondiente al ejercicio 2023/2024 emitido por el Interventor Municipal pone de manifiesto una serie de cuestiones muy preocupantes sobre la gestión de municipio. Es de especial importancia la parálisis en la que se encuentra sumisa la Concejalía de Contratación, como por ejemplo que fueron aprobados 421 gastos sin vinculación a contratos vigentes, por un importe total de 3,8 millones de euros.

Problemas con el Cercanías

El Partido Popular de Coslada ha pedido al Ministerio de Transportes la mejora del servicio de Cercanías, a través de una moción presentada para  su debate y aprobación en el Pleno ordinario de junio. Hecho que ha rechazado el socialista Ángel Viveros. 

“Este servicio es fundamental en la Comunidad de Madrid, puesto que garantiza la movilidad  en el área metropolitana de la región. Sin embargo, es una vergüenza el estado de dejadez  en el que se encuentra. Las constantes averías que sufre la red solo tiene origen en la falta  de inversión por parte del Gobierno de España”, ha afirmado el portavoz popular en el municipio, Francisco Javier Becerra.  

Asimismo, ha señalado que legalmente el Estado ostenta la  competencia exclusiva de la red de Cercanías. Competencia también para impulsar el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 que dejó aprobado el último gobierno de Mariano Rajoy y que, con la llegada de Pedro Sánchez, se dejó guardado en un cajón.

Dicho Plan se constituía sobre 9 ejes de actuación y preveía una inversión de más de 5.000 millones de euros en la región. También se preveía un plan de choque con una serie de medidas de carácter urgente, cuya ejecución hasta diciembre de 2019 y una inversión de 580 millones de euros, se dirigían a asegurar los tiempos de viaje, mejorar la puntualidad y reducir las incidencias, que es lo que más preocupa a los ciudadanos.