La UDEF entra en la Consejería canaria de Salud por el ‘caso Mascarillas’ de la etapa del ministro Torres

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con efectivos de Las Palmas y de Madrid este lunes por la mañana. Los agentes buscaban información sobre el caso Mascarillas, una trama que se produjo durante la presidencia del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El registro se ha producido porque uno de los principales investigados es Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de Salud (SCS). El alto cargo durante la presidencia del socialista Torres ya tuvo que presentarse el pasado 6 de mayo ante la Fiscalía Europeo porque el dinero que presuntamente fue utilizado por la trama formaba parte de los fondos europeos. En todo caso, Domínguez decidió acogerse a su derecho a no declarar aquel día.

El ex director de Servicio Canario de Salud está investigado por el pago de 4 millones de euros durante los peores meses de la pandemia a una empresa a cambio de 1 millón de mascarillas que nunca llegaron al Ejecutivo autonómico. A Domínguez se le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El dirigente canario dimitió en noviembre de 2022. Domínguez permaneció durante dos años en el cargo cuando el ahora ministro de Política Territorial era presidente de la autonomía.

La Fiscalía Europea pagó por adelantado esos 4 millones de euros a la empresa RR7 United; sin embargo, los cubrebocas que ya se habían abonado nunca llegaron. Las mascarillas se destruyeron en las aduanas del Puerto de La Luz. Los agentes descubrieron que el cargamento que venía de Etiopía contenía material falsificado.

La investigación comenzó a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Además de a Domínguez, el Ministerio Público y también investiga a otras personas vinculadas con la compra de esas mascarillas. Entre otras personas, se indaga en la presunta participación de Rayco González, administrador de la empresa RR7, por una supuesta estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por presunta prevaricación.

Anticorrupción propuso detenerle

La Fiscalía Anticorrupción propuso detener a Conrado Domínguez el pasado 8 de noviembre de 2022 por su implicación en el primer caso mascarillas. El ministerio Fiscal pretendía acceder a su móvil y sus correos electrónicos y temían que el investigado pudiera destruir pruebas. En aquella ocasión, se indagaba una presunta estafa de cuatro millones de euros.

El juzgado encargado del caso mascarillas investigaba la implicación de Conrado Domínguez en los hechos que consideraban que podían ser constitutivos de delito. Concretamente, el magistrado cree que el exdirector del Servicio Canario de Salud tenía un papel relevante en la presunta estafa de cuatro millones de euros después de concederle un contrato a la empresa RR7. Aquel dinero aún no se ha recuperado a día de hoy.

La compañía, dedicada al comercio de coches, no tenía experiencia previa en la importación de material sanitario. Sin embargo, se le adjudicó un contrato a través del procedimiento de emergencia para proveer a los hospitales públicos de Canarias de un millón de mascarillas FFP3. Por ellas recibió un pago de 4 millones de euros.

La información la ha desvelado este viernes el medio Canarias 7. La propuesta de detener a Domínguez se realizó apenas unos días después de Domínguez presentase su dimisión. Esa petición corrió a cargo del fiscal Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, que lo propuso al juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, cuando la causa estaba ya bajo secreto de sumario.