La acusación denuncia que la asesora de Begoña fue a actos privados de captación de fondos desvelados por OKDIARIO

La acusación popular unificada en el caso que investiga a Begoña Gómez ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un escrito en el que denuncia que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, asistió el 21 de marzo de 2023 a un acto profesional privado en el que la esposa de Pedro Sánchez participaba como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

En ese acto, tal como desveló en exclusiva OKDIARIO, Álvarez facilitó el micrófono a los asistentes que querían plantear preguntas y tomó vídeos y fotografías de la intervención de la esposa del presidente con su teléfono móvil.

La acusación, que lidera HazteOir sostiene que, de acreditarse este extremo en juicio oral, constituiría un elemento del delito de malversación de caudales públicos investigado en las presentes actuaciones.

El acto consistió en dos mesas redondas celebradas en un salón de actos en el centro Madrid bajo el título «Tendencias en la captación de fondos en emergencias e investigación», y fue retransmitido en directo a través de un canal de YouTube.

Begoña Gómez, que acaba de cumplir 55 años, participó en la segunda mesa, que versaba sobre «La salud e investigación como espacio emergente en captación de fondos». La acompañaban Marta Cardona, directora de CRIS Contra el Cáncer; Cristina Ribes, directora de la Fundación Gasol; y Gloria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual Maragall y presidenta de la Asociación Española de Fundraising (AEFR).

Malversación en el ‘caso Begoña’

La información sobre la presencia de Álvarez en el acto ha sido recogida por la acusación popular a partir de un artículo de Luz Sela publicado por OKDIARIO. El escrito adjunta como prueba documental el citado artículo, el vídeo del evento y la impresión en PDF de la descripción del canal de YouTube donde se emitió.

Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez son investigadas en el caso abierto por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y tráfico de influencias.

La acusación defiende que la presencia de Cristina Álvarez en este tipo de actos evidenciaría que una funcionaria pública al servicio de Moncloa habría destinado tiempo y recursos de su cargo a apoyar actividades privadas de la esposa del presidente. De validarse por parte del tribunal de jurado que podría llegar a juzgar el caso, argumentan, encajaría en la figura típica de la malversación.

La acusación popular está integrada por HazteOir, Iustitia Europa, el Partido Político Vox, el Sindicato Manos Limpias, la asociación MRPE y un particular.

Antecedentes del caso

La implicación de Álvarez en la actividad privada de Gómez ha ido aflorando a lo largo de la investigación de la UCO. De los emails intercambiados entre la asesora y el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, se desprende que Álvarez se ocupaba de diversas gestiones vinculadas a la cátedra, «como la búsqueda de financiación, la firma de adendas de colaboración con empresas o la organización de eventos».

En uno de los correos más significativos, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, Álvarez escribió en nombre de Gómez: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior».

En su declaración ante el juez, Álvarez explicó que fue Begoña Gómez quien se puso en contacto con ella para ofrecerle el puesto nada más llegar Pedro Sánchez a La Moncloa en julio de 2018, sin que mediara proceso selectivo alguno. Por su parte, Begoña Gómez ha sostenido que la directora de Programas le ayudó como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor».

El caso contra Begoña Gómez se inició tras la denuncia interpuesta en 2024 por el sindicato Manos Limpias. El juez Juan Carlos Peinado mantiene vigentes cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en concursos públicos; la gestión de la cátedra y los másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida de la plataforma online impulsado por dicha cátedra; y el nombramiento de la asesora.

Con este nuevo escrito, la acusación popular suma otro eslabón a una cadena probatoria que busca demostrar una supuesta connivencia sistemática entre la actividad pública de la jefa de gabinete y los intereses profesionales privados de Begoña Gómez.