Los abogados que han denunciado a Ayuso por una causa archivada en 2019 son simpatizantes de Podemos

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) que se ha querellado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuestas irregularidades en la concesión de un crédito de Avalmadrid, una causa que fue archivada en 2019 porque la Fiscalía no apreció indicios de delito, son simpatizantes de Podemos.

En un intento de enturbiar la imagen de la dirigente popular, esta asociación, que abiertamente ha celebrado el aniversario del 15M, germen de la creación de Podemos, bajo la proclama «rebeldía, desobediencia y lucha», ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra nueve personas, entre ellas Díaz Ayuso, su hermano y su madre, por presunto alzamiento de bienes.

Se trata de un delito tipificado en el artículo 257 del Código Penal y que podría acarrear penas de hasta seis años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. Esta asociación acusa a la presidenta madrileña de «aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar, con el fin de sustraer la misma de cualquier ejecución que pudiera acordarse ante los impagos del crédito-aval».

La presidenta madrileña siempre ha negado que mediara para beneficiar a nadie de su entorno, algo que posteriormente confirmó la Justicia, después de que la formación Más Madrid lo denunciara. Un caso que quedó cerrado hace dos años cuando la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada zanjó que no había indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.

Sin embargo, ahora ALA quiere resucitar este asunto alegando que, a su juicio, Díaz Ayuso actuó de manera activa para la obtención de información «privilegiada y confidencial» respecto a terceros, «adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes».

Esta asociación reconoce en su página web oficial que mantiene «estrecha colaboración» con todas las asociaciones «progresistas del Estado español», tanto de ámbito jurídico (jueces, fiscales, secretarios y estudiantes de derecho), como de carácter sindical o ciudadano (coordinadoras de barrios, de apoyo a presos o toxicómanos, ecologistas, feministas, pacifistas, asociaciones de vecinos, inmigrantes, etc).

Además, en sus redes sociales han defendido en cantidad de ocasiones la «lucha de la clase obrera», la «política colectiva y feminista», los «movimientos sociales y la reivindicación feminista» y la «autogestión y el ecologismo».

ALA es también miembro fundador de la Federación de Abogados del Estado español «Libertad y Defensa», de la que forman parte asociaciones de abogados progresistas de todas las Comunidades Autónomas, especialmente de Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Desde su constitución en 1981, esta asociación ha estado enfrentada al Colegio de Abogados de Madrid porque considera que defiende «la continuidad de un modelo corporativista de la profesión», mientras que asumen plenamente «la función social de la abogacía centrada en la primacía del derecho de defensa de los ciudadanos y grupos sociales ante cualquier violación de sus derechos y libertades y la subsiguiente obligación colegial, permanentemente incumplida, de apoyar a los abogados frente a las obstrucciones de tal derecho y, especialmente, de las provenientes de los poderes públicos».