El abogado de ‘La Manada’ retrata a Montero: hasta cuatro miembros podrán ver reducida su condena

La redacción de la ley del sólo sí es sí, consecuencia directa del caso de La Manada de San Fermín, podría convertirse en la mejor abogada de los jóvenes de Sevilla condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo por agresión sexual en el año 2019. Según ha confirmado Agustín Martínez, abogado de cuatro de ellos, en una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO, sus cuatro clientes podrán ser beneficiados por la reducción de penas que conlleva la chapuza legal de Irene Montero. «Los cuatro están en las mismas condiciones», ha afirmado Martínez.

De los cinco miembros del grupo, Martínez representa a cuatro. Tres de ellos, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, cumplen 15 años de cárcel por la agresión y podrán beneficiarse de la Ley Montero, que les permitirá pasar menos años en la cárcel.

El cuarto, el ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero, es el miembro del grupo con la condena más larga, puesto que a los 15 años de cárcel por la violación de Pamplona se le suman otros dos años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por robar el móvil de la joven madrileña que tenía 18 años cuando fue violada por los cinco acusados. Además, sumó otros tres años y tres meses a su condena por grabar aquellos hechos en el cubículo de un cuarto de contadores y siete años más de prisión por una agresión sexual en Pozoblanco (Córdoba) el 1 de mayo de 2016.

Agustín Martínez, abogado de La Manada, ha afirmado que ya está preparando una solicitud para revisar a la baja la pena de uno de sus representados, Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Martínez no ha aportado más detalles acerca del recurso en el que se encuentra ya trabajando y que «en principio afectaría exclusivamente a uno» de los condenados.

Sin embargo, según ha explicado en la entrevista concedida a este medio, aunque sólo lo haya solicitado Boza, automáticamente se podrían beneficiar otros tres de los condenados. Es paradójico que una ley, la de Irene Montero, que se inspiró en este caso e incluso adoptó como nombre popular uno de las proclamas de las manifestaciones que se organizaron contra la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona (que consideró los hechos como un abuso), pueda ahora beneficiar a los implicados en una reducción de sus condenas.

«Mala ley»

«Lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior», explica Martínez.

A su juicio, lo que se ha hecho con la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual es «absolutamente absurdo», por lo que ha emplazado a Irene Montero a aclarar «por qué se han bajado todos los mínimos de las penas», algo que considera «inexplicable y que no tiene ningún sentido» al punto de que se llega a «despenalizar algún tipo de delito, por más escandaloso que pueda resultar».

«Evidentemente no hay tribunales machistas en este país ni hay interpretaciones sesgadas, sino simplemente una mala ley», ha concluido Agustín Martínez.

Reforma

Las consecuencias de la redacción de la ley de Montero preocupan en Moncloa. Con un 2023 lleno de elecciones, los dirigentes del PSOE no pueden asumir varapalos como las excarcelaciones o rebajas de condenas a agresores sexuales, un tema en el que compiten electoralmente con sus socios de Podemos.

Desde el PSOE se asiste con una mezcla de indignación e inquietud a las consecuencias de la norma estrella de Irene Montero. Se empieza a asumir que la reforma será inevitable, pero, en el mejor de los casos, esa revisión llevará al menos un mes de tramitación parlamentaria. En este tiempo, el impacto de las decisiones judiciales será enorme, según informa Luz Sela.

Aún recurriendo al trámite más liviano de la proposición de ley -que permite esquivar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial- una posible modificación de la norma ocupará semanas. Y los socialistas cuentan además con la oposición de sus socios de Gobierno. La ministra Irene Montero defiende a ultranza su ley del sólo sí es sí y ha evitado asumir cualquier responsabilidad, limitándose en plena polémica a atacar a los jueces, acusándoles incluso de prevaricar por su «machismo».