Abascal pide a Sánchez que considere decretar el estado de alarma

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha difundido este martes un vídeo en el que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que «evalúe la necesidad de decretar el estado de alarma» ante la crisis del coronavirus.

Abascal respondía así a las críticas que se han vertido sobre el partido al decidir celebrar su asamblea en Vistalegre a pesar del riesgo y tras conocerse que su número dos, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por COVID-19.

El presidente de Vox asegura que «el Gobierno ha mentido a los españoles y ha ocultado información». Por ello, ha pedido a Sánchez que reflexione y que se ponga en contacto con «los diferentes líderes de los partidos políticos para evaluar, incluso, la necesidad de decretar el estado de alarma previsto en la Constitución y que da respuesta a catástrofes y epidemias».

¿Qué es?

El estado de alarma propuesto por Abascal está recogido en el artículo 116 de la Constitución. Se diseñó para afrontar circunstancias tales como terremotos, calamidades, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos.

A través de este estado, que debe aprobarse por decreto en el Consejo de Ministros, el Gobierno podría limitar la circulación, realizar requisas de bienes, intervenir fábricas, limitar el uso de artículos de primera necesidad o, incluso, impartir órdenes para asegurar un abastecimiento de los comercios.

Esta excepcionalidad se podría aplicar por un periodo máximo de 15 días, plazo que únicamente podrá ser ampliado por aprobación del Congreso de los Diputados.

En España sólo se ha decretado el estado de alarma en una situación. Fue en el año 2010, bajo la presidencia de Jose Luis Rodríguez Zapatero, para responder a la huelga de controladores. El cierre del espacio aéreo provocó que el entonces vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidiera su aplicación. La solución del Gobierno socialista pasó por pasar a considerar a los controladores como personal militar por lo que, mientras durase dicho estado, podrían someterse a penas de cárcel si no acudían a su puesto de trabajo.