Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y la Fiscalía no pide prisión

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha optado por acogerse a su derecho a no declarar este miércoles en el Tribunal Supremo tras ser llamado por el juez para aclarar el origen de sus ingresos después de conocer el último informe de la UCO. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no pedir prisión provisional para el ex dirigente del PSOE, aunque ha admitido la existencia de riesgo de fuga, sólo rebajado por la condición de diputado de Ábalos y tener su trabajo en el Parlamento.

Tal como indican fuentes judiciales a OKDIARIO, la vista se ha alargado 40 minutos ya que se ha celebrado visitilla de prisión, dado que las acusaciones populares sí veían necesario el ingreso en la cárcel. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que no ha habido cambio en las razones que justifican la prisión –destrucción de pruebas, riesgo de fuga o de repetición delictiva–.

Las acusaciones populares lideradas por el PP pedían el ingreso en prisión provisional del ex colaborador de Pedro Sánchez tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela «ingresos irregulares». La Fiscalía Anticorrupción pedía que se mantengan las medidas cautelares vigentes -prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial-.

Ábalos considera que está «indefenso» tras pedir un abogado de oficio y el juez no aceptar esa solicitud. A diferencia de las otras tres visitas al Alto Tribunal, el ex hombre fuerte de Ferraz ha optado por callar.

El instructor del caso Koldo había considerado que la decisión de Ábalos de prescindir esta misma semana de su letrado José Aníbal Álvarez constituye un «fraude de ley» destinado a dilatar el procedimiento. Por ello, ha mantenido la comparecencia y advertía de que también se revisarán las medidas cautelares vigentes contra el ex dirigente socialista.

El magistrado ha subrayado que Ábalos eligió libremente a Álvarez, «quien, hasta el momento, ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable». Ha destacado también que el letrado ha intervenido en todos los interrogatorios y ha ejercido «los recursos que la ley autoriza».

La defensa del ex ministro había alegado «diferencias irreconducibles» con su abogado. Incluso llegó a afirmar que había tenido que preparar esta comparecencia por sí mismo. Sin embargo, el instructor ha visto en ello un propósito «encaminado llana y simplemente a entorpecer o perturbar el normal desarrollo del procedimiento».

Ábalos solicitó que se le designara un abogado de oficio para esta declaración. El Supremo lo rechazó por considerar que el nombramiento no sería «posible en tan breve plazo» ni permitiría al letrado «asistir eficazmente» en una causa «de la magnitud y complejidad de la presente».

El juez le dio tres días hábiles al investigado para que designe nuevo letrado. Le ha advertido de que, si no lo hace, se le pondrá uno de oficio. Mientras tanto, ha mantenido a Álvarez como su defensor para las comparecencias programadas.

La citación de este miércoles responde al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos. El documento policial ha revelado la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que su exasesor ministerial Koldo García habría gestionado para él.

El magistrado instructor ha citado a ambos investigados precisamente para arrojar luz sobre esos «ingresos irregulares y opacos». La comparecencia de García está programada para este jueves.

La UCO ha detectado 95.437,33 euros desembolsados por el ex ministro sin justificación bancaria. Entre ellos destacan 20.799,40 euros de gastos «personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».

Los agentes han reflejado además que Koldo «vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían» a Ábalos. Entre esos abonos figuran «la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales».

Sin embargo, según consta en el auto de citación, «del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de Koldo García que pudieran compensar la realización de dichos gastos».

El instructor sospecha que ambos investigados «pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia».

«Chistorras», «soles» y «lechugas»

La Guardia Civil ha documentado conversaciones de WhatsApp entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, en las que verbalizaban que parte del dinero que gestionaban «no era suyo, sino de Ábalos». Los investigados se referían al efectivo como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros).

El Supremo investiga la presunta trama vinculada a los contratos de compraventa de material sanitario en plena pandemia que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa relacionada con Víctor de Aldama. También indaga el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Ábalos y Koldo han comparecido varias veces ante el Supremo. En la última ocasión, el pasado junio, el ex asesor optó por primera vez por guardar silencio. El ex ministro declaró entonces para negar cualquier conducta delictiva, como ha venido haciendo hasta ahora.

Las medidas cautelares actuales incluyen la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y las comparecencias quincenales en juzgado. El contexto de nerviosismo ha crecido porque los indicios del último informe de la UCO podrían llevar a las acusaciones y a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar el endurecimiento de estas medidas, incluso pidiendo la entrada en prisión.

La acusación popular unificada, que dirige el PP, ya ha pedido anteriormente la prisión provisional para Ábalos y Koldo, pero fue rechazada. La Fiscalía se opuso a esa opción. Hasta ahora, el Supremo solo lo ha acordado para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, encarcelado en Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio.

La comparecencia de este miércoles marca un punto de inflexión en el caso Koldo. Los próximos días determinarán si el cerco judicial se estrecha definitivamente sobre el ex ministro o si logra mantener su estrategia de negar cualquier irregularidad en un entramado que cada vez presenta más aristas difíciles de explicar.