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Pese a que se resuelva la fecha este viernes, el Gobierno debe dar un plazo a la familia para que decida dónde quiere trasladar los restos de Franco. También tendrá que salvar el escollo de los posibles recursos que la familia Franco interponga en el Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez prometió al llegar a la Presidencia del Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que una de las primeras tareas que realizaría sería la exhumación de Francisco Franco. En concreto, el presidente prometió que en agosto los restos del dictador estarían fuera del Valle de los Caídos.

Sin embargo, el Ejecutivo se ha encontrado con varios problemas de cara a poder cumplir su promesa. Por un lado, la familia se opone a la exhumación en los términos –por imposición– adoptados por el Gobierno socialista. Advirtiendo, por ejemplo, que si eran obligados a trasladar los restos a otro lugar, la familia pensaba en primera instancia en la catedral de La Almudena.

El revuelo que se formó tanto por el lugar elegido, como por las formas –según una Ley aprobada por Zapatero, Franco debería recibir un funeral con honores de Estado– el proceso se ha ido dilatando. También, el Gobierno de Sánchez se ha encontrado con innumerables condicionantes jurídicos que han impedido acelerar el proceso.