Los policías piden al Gobierno un complemento salarial por la tensión en el Campo de Gibraltar

Cuatro de los sindicatos mayoritarios de policía – SUP, UFP, SPP y CEP- solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez que incremente el complemento salarial por territorialidad que actualmente reciben los agentes destinados en el Campo de Gibraltar.

El ambiente cada vez más hostil y conflictivo -por la presión del narcotráfico y la violencia que manifiestan los clanes de la droga contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado- hacen imprescindible fijar incentivos económicos que eviten el éxodo de policías y guardias civiles en la zona y las vacantes sin cubrir.

El complemento trata de evitar el éxodo de policías y guardias civiles ante la tensión que se vive en la zona 

Los representantes policiales han solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mediante un escrito registrado en la Secretaría de Estado de Seguridad que fije incentivos económicos para los agentes destinados en el Campo de Gibraltar y evitar de este modo que los efectivos se vean todavía más mermados en un punto caliente.

Fuentes de los sindicatos consultadas por OKDIARIO insisten en que el ambiente propiciado por el narcotráfico y la presión ejercida sobre los agentes y sus familias se parece, cada vez, más al que soportan los compañeros destinados en País Vasco y Navarra o los de zonas fronterizas como Ceuta y Melilla y que por lo tanto resulta necesario abordar el tratamiento de los profesionales de manera análoga.

Consideran que la tensión que viven se parece, cada vez más, a la de los agentes destinados en el País Vasco. 

Víctor Duque, secretario general de UFP, recuerda que los que están en el País Vasco y Navarra cobran el denominado complemento de territorialidad que asciende a unos 600 euros brutos al mes por la amenaza terrorista. Un complemento que con idéntica nomenclatura, pero en inferior cuantía, perciben también en Navarra, Ceuta y Melilla, entre otras.

Esa es la propuesta que la pasada semana registraban los sindicatos y en la que insistían, además, en la necesidad de abordar sin dilación una política de personal adecuada a la idiosincrasia de los delitos y la frecuencia de los mismos para evitar que los policías y guardias civiles que deben pedir destino, o aquellos que puedan optar al traslado, prefieran desvincularse de sus puestos en la zona, debido al coste personal que supone para las familias e hijos, al margen de para los propios profesionales, permanecer en la misma.

Hecho que incide negativamente en los operativos por la alta rotación de efectivos, y la temporalidad de los mismos, en una ya de por sí escasa plantilla.