Memoria Histórica

Las indemnizaciones pendientes a víctimas del franquismo suman más de 15 millones

Susana Díaz tras la aprobación de la ley de Memoria Histórica
Susana Díaz tras la aprobación de la ley de Memoria Histórica
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La aplicación de la ley de Memoria Histórica del Gobierno tendrá una consecuencia inmediata para las arcas públicas: las indemnizaciones previstas para las víctimas del franquismo -que han sido solicitadas hasta el momento- y no aprobadas suponen un desembolso de más de 15 millones de euros. 

El Gobierno de Mariano Rajoy ya reconoció en su día, y en aplicación de la propia ley, indemnizaciones a fallecidos durante el período entre 1968 y 1978. Sin embargo, el Ejecutivo no admitió 117 de estas solicitudes, que ahora serían revisadas. El Ejecutivo prevé indemnizaciones de 135.000 euros” a los beneficiarios de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”.

Según la ley socialista, serán beneficiarios de esta indemnización los hijos y cónyuge (o persona con la que hubiera convivido) de la persona fallecida o, en su caso, padres, nietos, hermanos o hijos, por este orden. El cálculo del Gobierno del PP ascendía a 15.795.000 euros, a los que habría que sumar las nuevas reclamaciones que puedan llegar a partir de ahora.

La concesión de estas indemnizaciones es una de las medidas más urgentes para el Gobierno, en línea con otras, como la polémica exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que se prevé realizar a finales de verano.

Entre otras propuestas se incluye además impulsar desde la Administración pública las exhumaciones o la declaración de nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias.

Veto del Gobierno de Rajoy 

La proposición de reforma de la ley de Memoria Histórica, que entre otros recogía también estas indemnizaciones, fue vetada por el anterior Gobierno aludiendo a su elevado coste.

La propuesta socialista propone, entre otros, exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria, los planes más inmediatos del Ejecutivo.

El Gobierno de Rajoy valoró entonces que las medidas del PSOE supondrían un desembolso total de 214 millones de euros, siendo una de las medidas de coste más elevadola creación de un banco nacional de ADN para la identificación de las víctimas.

Otras propuestas contenidas en la proposición, y ahora en los planes del Gobierno, son la creación de una Comisión de la Verdad, cuya misión sería”contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos” cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura, a través de una interpretación de la historia.

Esa comisión elaboraría un informe final que entregaría para su aprobación a las Cortes y al Gobierno de España y a las instituciones competentes para el cumplimiento de sus recomendaciones.

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