Iglesias exigirá a Sánchez medidas que cuestan más de 130.000 millones

Podemos empezó este lunes a marcar el rumbo al gobierno de Pedro Sánchez con dos medidas concretas, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y el blindaje de las pensiones, igualándolas al IPC y derogando el factor de sostenibilidad. Llevarlas a cabo supondría un gasto de 5.800 millones de euros, como informó OKDIARIO. Una cantidad pírrica si se tiene en cuenta el montante total de las iniciativas que los de Pablo Iglesias pretenden poner sobre la mesa del nuevo presidente. Su coste, según estimó en su día el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar su veto a las iniciativas, superaría los 134.051 millones de euros. 

Podemos considera irrenunciables hasta 16 proposiciones que, en su momento, presentó al Congreso y que fueron vetadas por el Gobierno por su cuantía.

Podemos tiene en el cajón 16 proposiciones, vetadas por el Gobierno de Rajoy y que quiere presentar ahora a Sánchez

Las reformas, que el partido de Iglesias recuperó recientemente como eje de sus prioridades políticas, son, además de las dos mencionadas, las que se refieren a asuntos como las tasas judiciales, cierre de las centrales nucleares, fortalecimiento de la negociación colectiva, asistencia jurídica gratuita, prestación económica por hijo menor a cargo, la jubilación del personal del servicio de guardacostas, servicios de accesibilidad universal, una ley para cerrar la puerta al copago farmacéutico, una ley para establecer un recargo de solidaridad a las entidades de crédito, una proposición de ley para proteger el derecho a la vivienda, otra que regule el estatuto básico de los bomberos forestales, otra que afecta a los centros educativos privados en la red pública de centros educativos y, por último, una proposición que afecta a la Directiva marco del agua y el contexto de cambio climático.

90.000 millones en vivienda

En marzo, el Gobierno impuso su derecho de veto sobre la proposición de ley de vivienda registrada por Unidos Podemos, e impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

En su escrito de disconformidad, el Ejecutivo rechazaba tramitar la iniciativa por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros, en un plazo de ejecución de veinte años. Las estimaciones del Gobierno se basan en estos cálculos: 89.490 millones de euros para conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.

La iniciativa de Podemos establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década y, según los cálculos del Gobierno, por un lado se trata de casi 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones 10.710 millones al cabo de los diez años). Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría.

El Gobierno cuantificaba también el coste del cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, para lo que, en su consideración, habría que destinar 75.000 millones para 1,25 millones de viviendas protegidas públicas.

40.000 para el fin de la escuela privada

La otra partida más importante afecta a la iniciativa para traspasar todos los centros y alumnos de la red de colegios concertados y privados a la escuela pública, lo que ascendería, siempre según cálculos del anterior Ejecutivo, a 40.000 millones de euros. De estos, 33.146 millones de euros se emplearían en la construcción y equipamiento de centros educativos públicos. El Gobierno de Rajoy estimó que la tramitación supondría
una vulneración del principio constitucional de estabilidad presupuestaria.

El resto de iniciativas se concretan en un coste menor, pero igualmente importante. Por ejemplo, la medida de aumento progresivo, en cuatro años, de la prestación por hijo a cargo -291 euros anuales que se perciben actualmente, hasta los 1.200- supondría, según el gobierno de Rajoy, algo más de 2.800 millones en el año de máxima aplicación.

Nucleares, copago…

El Gobierno vetó también la tramitación parlamentaria para el cierre progresivo de las centrales nucleares, explicando que tendría importantes efectos presupuestarios ya que reduciría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.  Por la supresión de tasas judiciales, el Ejecutivo estimó que se dejarían de ingresar 15 millones de euros. 

La Proposición de Ley sobre la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas tendría un gasto, según el Gobierno, de 57 millones de euros. En el escrito, el Gobierno alega que la medida de Podemos «supondría un coste al sistema de la Seguridad Social por trabajador que se jubile anticipadamente de 238.322,14 euros, sin contar la revalorización de la pensión».

Con respecto a la iniciativa sobre el copago -que entre sus principales propuestas incluía la derogación del doble pago de medicamentos según la renta y las restricciones para el acceso a la tarjeta sanitaria- supondría
que la Administración General del Estado tendría que aportar más de 108,25 millones de euros para cubrir la prestación farmacéutica y prestación ortoprotésica que ahora corre a cargo del usuario, con lo que se podría alcanzar una cantidad total de más de 1.194 millones de euros.