El Gobierno admite que el 1-O se «abortaron» intervenciones para no provocar a los radicales

El Gobierno ha admitido que el pasado 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña, se «abortaron» intervenciones policiales para evitar provocar a los radicales agolpados en los colegios y dar lugar a episodios «de imposible gestión policial».

Así lo reconoce el Ejecutivo en la respuesta a una pregunta escrita registrada el senador Jon Iñarritu, del Grupo Mixto. En la contestación, fechada el 19 de marzo, el Gobierno afirma que «una parte de las intervenciones (policiales) fueron abortadas, bien sin siquiera iniciar la intervención bien una vez iniciadas, ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de los centros de votación hubiera requerido un uso excesivo de la fuerza». 

«En estos casos, atendiendo a los criterios establecidos en la planificación del dispositivo, se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, en evitación de que se produjeran incidentes de orden público de imposible gestión policial». 

La pregunta parlamentaria se interesaba por las intervenciones policiales en el marco del Operativo Copérnico, durante la jornada del referéndum ilegal, y, entre otros, por el número de cargas policiales y el número de agentes que hubieran resultado heridos en las mismas.

En su respuesta, el Gobierno recuerda el auto judicial que daba instrucción a las fuerzas y cuerpos de seguridad de «llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir el referéndum», entre ellas, impidiendo la utilización de locales o edificios públicos para su preparación y, a partir del 1 de octubre, impidiendo su apertura «procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse» y requisando el material relacionado con la votación.

Además, explica que el 29 de septiembre, el secretario de Estado de Seguridad dictó la instrucción para dar cumplimiento a esa orden, en la que se establecieron «las fases de actuación, los criterios de actuación y las normas sobre coordinación y comunicaciones».

«Por tanto, durante el 1 de octubre, el dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado focalizó sus actuaciones en la intervención de los materiales y no en el cierre y desalojo de los puntos de votación, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Auto judicial y que la intervención tuviera la menor afectación posible sobre las personas allí congregadas», responde el Gobierno. Durante la jornada, se «desactivaron» 113 puntos de votación, se añade.

El Ejecutivo explica que cinco agentes de la Guardia Civil y otros tantos de la Policía causaron baja «como resultado de las lesiones que les produjeron esas intervenciones». «Si bien el número de contusionados fue muy superior».  Además, en el transcurso de la jornada se produjeron cinco detenciones por agresión a los agentes.

Es en el final e la respuesta cuando se revela que «una parte de las intervenciones fueron abortadas» en previsión «de que se produjeran incidentes de orden público de imposible gestión policial».

La gestión en Cataluña centró este miércoles el debate en el Congreso de los Diputados, donde Ciudadanos declaró roto el acuerdo con el Gobierno al considerar que se estaba haciendo «dejación de funciones».

El líder de esta formación, Albert Rivera, criticó la decisión del Ejecutivo de no recurrir el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín, responsables, dijo, de dar «un golpe de Estado en Cataluña». Además, calificó de «tomadura de pelo» que se hubiese destinado dinero público para la ruptura.

Por su parte, el presidente del Gobierno reclamó a Rivera «lealtad», la que, en su consideración, tiene el PSOE en la cuestión catalana. Rajoy se refirió a Rivera como «aprovechategui», por aprovecharse de la situación y las buenas perspectivas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para ganar votos.