Citados tres funcionarios por un contrato de 126.000€ a Crespo Gomar, la agencia del PSOE valenciano

PSPV
Jorge Rodríguez, portavoz del PSPV-PSOE.
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La juez María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar este viernes como investigados a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV).

La juez instructora, que ha comenzado esta instrucción después de que un juzgado de Valencia se inhibiese a su favor tras comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc -partido mayoritario en Compromís- entre los años 2007 y 2011, ha citado a declarar, a partir de las 10.00 horas, a la que fuera presidenta de la Mesa de Contratación Rosario G.V.; la secretaria Sandra S.F.; y el vocal e interventor que supuestamente autorizó el pago, José María A.G.

La Fiscalía considera que la adjudicación a la empresa de comunicación que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, por un importe de 126.208 euros presenta caracteres de prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos, según un escrito presentado al Juzgado el pasado 20 de marzo.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, cuando arrancó la investigación, pidió a la Intervención General de la Administración del Estado la designación de un perito, que realizó un informe en el que concluyó que en la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación ‘Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012’, resulta “incoherente e imposible”.

Este informe cuestiona que el director del Gabinete de la ministra Beatriz Corredor declarase la licitación realizada en octubre de 2008 como “urgente”. Para el perito, “más que una urgencia parece una imprevisión” y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Asimismo, el experto detalla que también se incumplió de forma “más grave” el pliego de cláusulas por abrir la oferta económica “sin disponer de los informes técnicos” y, por tanto, sin poder valorarlas. Pese a existir documentación “incorrecta” de empresas licitadoras, “no se espera a subsanar esta” para abrir la documentación técnica y en los oficios de remisión para el estudio técnico se hace referencia a una empresa que no licitó en ese contrato, indica el informe.

Facturas y correos electrónicos

El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró “no competente” para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

En el auto de inhibición el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los ‘opinómetros’ -contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010-; y las adjudicaciones ministeriales durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno a la empresa Crespo Gomar.

En Madrid, el Juzgado de Instrucción número 43 también se ha declarado competente para investigar parte de esta causa y ha acordado indagar en el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a Crespo Gomar en 2008.

El juez ha citado a declarar como investigados a la que fuera directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu y a la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, quienes están citadas a declarar como investigadas el próximo día 21 de mayo por los mismos delitos.

Denuncia del PP

Fue el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

La investigación apunta que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Según la Policía, entre la documentación de esta sociedad se incluye un archivo denominado ‘Estados de cuenta de Bloc’, que cuenta con una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el se repite la palabra ‘concepto’, con una serie de empresas, de las que se sospechan que asumieron las facturas de la campaña de esta formación política en 2007.

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