La Fiscalía confía en que el fallo de Alemania es «preliminar» y no afecta a la resolución final

La Fiscalía confía en que el fallo de Alemania que descarta el delito de rebelión de Carles Puigdemont en el marco de Orden Europea de Detención y Entrega OEDE es sólo «preliminar» y «no tiene que afectar» a la resolución final.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO, sostienen que la justicia germana aún tiene que estudiar «el fondo» de la OEDE y que la decisión inicial del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión al no apreciar «violencia suficiente» en el proceso independentista catalán no tiene «efectos excluyentes» o de «cosa juzgada», antes de que dicho tribunal emita su veredicto final.

La Audiencia de Schleswig-Holstein resolvió desestimar el cargo de rebelión y decretó la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros. En la resolución, se requería asimismo información adicional y concreta sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por un volumen de 1,6 millones de euros.

Las mismas fuentes apuntan que la Fiscalía alemana tiene margen para «plantear» al tribunal germano que estudie este asunto «de fondo». Con este objetivo, se ha planificado una reunión «confidencial» de los fiscales alemanes y españoles en la sede de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial en La Haya, de este jueves. Otras fuentes señalan a este diario que es «poco probable» que el tribunal germano «cambie de criterio».

El pasado 6 de abril, el Ministerio Público afirmaba en un comunicado que «la decisión decretada por el Tribunal afecta exclusivamente a la medida cautelar adoptada respecto al Sr. Puigdemont pero no es una medida definitiva, en el sentido que no entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega del mismo».

«Es preciso destacar», añadía el Ministerio Público, «que el Considerando (9) de Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros dispone que ‘La función delas autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo’”.

La Fiscalía afirmaba además estar “segura de que la decisión de fondo del Tribunal respete los principios dimanantes de la Decisión Marco y el reconocimiento mutuo en el sistema de la orden europea de detención». “En cualquier caso, la Fiscalía estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, concluía.

El Ministerio Público se sumaba así a los planes del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El instructor de la causa se plantea presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE acerca de la decisión marco relativa a la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Detallar el fraude es «clave»

Después de que el tribunal alemán descartara el delito de rebelión en su resolución preliminar, aún debe pronunciarse sobre la malversación por la que el magistrado Pablo Llarena ha procesado a Carles Puigdemont y exige su entrega a través de la OEDE.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que el «relato detallado de los hechos» de Llarena sobre el fraude a los fondos públicos de España provocado por el proceso independentista «será clave» para que la justicia germana pueda entregar al expresidente catalán huido. «Ayudará mucho la concreción pormenorizada de los presupuestos y fondos de los que se extrajo dicha cantidad cuyo objetivo era ilícito», añaden.

Mientras, Llarena enviaba hace una semana a las autoridades judiciales alemanas un escrito donde explicaba los indicios de malversación vinculado con el expresidente de la Generalitat. Anteriormente, el magistrado ya había remitido un primer texto con el que aclaraba a las autoridades judiciales alemanas por qué el delito de malversación era equiparable al delito de corrupción que permite agilizar el procedimiento.