Rajoy impone el silencio sobre la Justicia alemana para no complicar la extradición de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado mantener un perfil discreto ante las decisiones de la Justicia alemana sobre Carles Puigdemont. La intención es evitar que las críticas puedan interpretarse en Alemania como un intento de injerencia al poder judicial, y embrolle la extradición del ex presidente catalán.

Rajoy ha sido el primero en poner en práctica esa instrucción, evitando cuestionar la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión en una futura entrega a España. Gracias al auto del juez alemán, Puigdemont pudo abandonar este viernes la cárcel tras depositar una fianza de 75.000 euros.

Rajoy se limitó a expresar el respeto a las decisiones judiciales que «se cumplen y se acatan», con independencia del país del que procedan. Ese es el argumentario oficial, por más que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, cargase contra las palabras de la ministra de Justicia federal, Katarina Barley, que este viernes calificó la decisión judicial de «absolutamente correcta» y añadió que «la esperaba».

El discurso público no evita que esas declaraciones hayan provocado rechazo en el Ejecutivo, donde, en privado, insisten en desvestirlas de relevancia. Barley, señalan en fuentes gubernamentales, es socialdemócrata-es decir, ajena a Merkel- y  una «recién llegada» al gabinete de Justicia. En concreto, no hace ni un mes-14 de marzo-que tomó posesión del cargo, porque antes se ocupaba de la cartera más social, la dedicada a familias, mayores, mujeres y juventud.

Las críticas internas se dirigen, sobre todo, a que esas afirmaciones puedan alimentar el discurso de los independentistas, y su anhelo de repercusión en Europa. No se le da más trascendencia, porque, insisten, todo queda en manos de la Justicia. Por eso, el mensaje es respetar escrupulosamente la división de poderes, evitar injerencias. Porque aún queda mucho recorrido judicial.

Ese proceso seguirá adelante ahora en base al delito de malversación de fondos públicos, como se dictaba en la orden de detención del Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena no solo no retirará la euroorden por este revés, sino que, como publicó OKDIARIO, juzgará a Puigdemont por malversación agravada, un delito que puede llegar a los doce años de prisión. 

La decisión recae ahora en el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que debe pronunciarse sobre la extradición de Puigdemont. No tiene un plazo fijo. La normativa que regula la euroorden no establece límites de tiempo, aunque sí habla de un plazo recomendado de 60 días (ampliable a 90 en casos excepcionales) que suele cumplirse. La media se sitúa en 48 días, según informa Europa Press. 

Entre tanto, la Fiscalía alemana presentará alegaciones a esa decisión. Y también lo hará la española. El juez Llarena y la Fiscalía estudian recurrir a la Justicia europea. La indignación es, sobre todo, que el juez alemán se haya extralimitado pronunciándose sobre el fondo del asunto. El único debate, apuntan fuentes gubernamentales, sería si Puigdemont es extraditable o no.