El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión del ‘CNI catalán’

El Tribunal Constitucional acordó por unanimidad el pasado 20 de marzo mantener la suspensión de la Ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Alto Tribunal ya decretó en diciembre la suspensión de la mencionada ley, una vez admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo. Ahora, tres meses después, y según publica el Diario Oficial de la Generalitat, esa suspensión se mantiene.

El Consejo de Ministros acordó en octubre recurrir ante el TC la Ley de Creación de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, además de solicitar la suspensión de esta norma porque excede competencias autonómicas e invade las estatales en materia de seguridad pública.

La creación de esta agencia se aprobó en el Parlament en julio del año pasado, en vistas a sustituir al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), el considerado ‘CNI catalán’. Se trata de una de las grandes estructuras de la futura ‘república catalana’ diseñada por los independentistas.

En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntó ya en 2016 -cuando se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O- que este organismo funcionaba «en la práctica» como un «CNI catalán» llevando a cabo actividades irregulares como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles.

Basándose en un informe de la Guardia Civil, la Fiscalía determinó que, aunque el Cesicat nace en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, sus funciones se concretan en 2012, cuando se «pretende convertirlo en una especie de Agencia de Seguridad Nacional (a modo de un CNI catalán), en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente».

Recursos suficientes

Para ello, se destinaron «recursos humanos, materiales y económicos para asumir funciones en esta materia que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado».

Así, sus actividades alcanzan también, según la Fiscalía, «a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)» y al acceso a bases de datos ajenas.

Como publicó este lunes OKDIARIO, unidades de los Mossos y el Cesicat espiaron de forma indiscriminada a la población catalana. Y hackers ligados al ciber crimen robaron, a su vez, datos, también de forma masiva al CNI catalán. El descontrol y la falta de seguridad en el Cesicat era tal que los hackers entraron en sus bases y se hicieron con al menos 2.000 registros en un sólo año.

El actual jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, conoció en noviembre de 2013 que el Cesicat disponía de móviles encriptados para hasta 500 altos cargos de la Generalitat, según un informe intervenido a la policía catalana por la Policía Nacional, como informó Europa Press.

En septiembre, la Guardia Civil se personó en el centro de este organismo con orden judicial para localizar puntos de votación electrónica en los colegios electorales del 1-O y «otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones» del referéndum ilegal.