Las iniciativas de la oposición suman el equivalente al gasto en pensiones de todo un año

Las iniciativas de la oposición en el Congreso, tanto las que se encuentran en tramitación como las que han sido vetadas por el Gobierno, suman el equivalente al gasto en pensiones para todo un año.

El coste para los Presupuestos Generales del Estado, de llevarse a cabo todas esas proposiciones, sería de 120.000 millones de euros, según cálculos del Ejecutivo. Una cuantía superior a lo que todas las administraciones públicas destinaron a educación y sanidad en 2016 -113.000 millones de euros- y cercano al gasto en pensiones que recogen las cuentas ahora en vigor y que supone más del 40% del total del presupuesto (139.647 millones euros).

Desde que se inició la legislatura, el 19 de julio de 2016, el Gobierno ha ejercido su derecho a veto sobre 26 proposiciones de ley presentadas por la oposición y cuyo coste asciende a 87.300 millones de euros.

La cifra representa un 7,5% del PIB español de 2017 (lo que, de aprobarse, según fuentes gubernamentales, habrían incrementado el déficit público por encima del 10% del PIB), tres veces el gasto en educación en 2016 en todas las Comunidades Autónomas (44.914 millones de euros) o tres veces lo destinado por el Estado al pago de los intereses de la deuda.

La Constitución otorga al Gobierno capacidad para bloquear la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que puedan alterar su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de coste o por una disminución de los ingresos.

Haciendo uso de ese artículo 134.6 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva presentados esta legislatura escritos de disconformidad a medio centenar de proposiciones de ley, en su mayoría de la oposición, aunque también hay casos de leyes procedentes de Parlamentos autonómicos, algunasincluso apoyadas por el PP local.

En cuanto a las iniciativas que actualmente están en trámite parlamentario, éstas ascienden a más de 30.000 millones de euros. Según cálculos de La Moncloa, «sólo afrontar el pago de las proposiciones actualmente en tramitación consumiría prácticamente la dotación de la que disponen todos los ministerios para financiar sus actuaciones en el año», y que es de 39.500 millones de euros para 2017.

Entre esas iniciativas están la relativa a la Prestación de Ingresos Mínimos (15.300 millones de euros según la AIREF, sin contar enmiendas. Con ellas podría llegar hasta los 30.000 millones); la modificación de criterios de aplicación de la regla de gasto (6.800 millones); o la revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad.

La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, dio por buenos los vetos del Gobierno entendiendo que la Constitución habilita al Ejecutivo para presentarlos. Sólo ha ignorado la disconformidad de Moncloa en dos proposiciones de ley del PSOE, una para paralizar la Ley de Educación (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de las subcontratas, y en ambos casos el Gobierno replicó presentando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que aún está pendiente de sentencia.

En fuentes gubernamentales se reprocha que «son los mismos grupos parlamentarios que impulsan la aprobación de estas iniciativas los que deberían explicar a la opinión pública, si no el coste de sus propuestas, sí al menos de dónde piensan obtener los recursos necesarios para financiarlas».

El Gobierno, añaden, «hace uso de las facultades que la Ley le otorga ventando estas iniciativas, no por una razón partidista, sino en ejercicio de la responsabilidad. Está en juego el futuro de todos los españoles».