El Tribunal de Cuentas detecta un sistema de financiación opaco entre CDC y sus grupos parlamentarios

El Tribunal de Cuentas advierte en su último informe sobre las irregularidades en la financiación de la antigua CDC, luego PDeCAT, a través de la facturación de servicios a sus grupos parlamentarios.

Aunque afirma que en el ejercicio que ocupa-2014 y 2015- ya no se detecta esa deficiencia, el Tribunal descubre un sistema de facturación irregular que permitía a la formación recibir ingresos de la prestación de servicios a la Federación CiU, a los grupos parlamentarios de CiU en las Cortes Generales y en el Parlamento de Cataluña, a los grupos políticos de CiU en la Diputación y en el Área Metropolitana de Barcelona y a la Fundación Fórum Barcelona».

«Esos servicios facturados eran justificados mediante notas internas, lo que se consideraba insuficiente para acreditar que los servicios realmente prestados se correspondían con los costes repercutidos por el partido», dice el organismo.

Efectivamente, en informes correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, se advierte de que esos ingresos «están justificados con notas de cargo internas emitidas por el partido, justificación que se considera insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados y poder evaluar si el ingreso percibido se corresponde con los costes incurridos».

Tras las alegaciones del partido, el organismo fiscalizador insiste en que la documentación aportada no es suficiente y avisa de que «se están llevando acabo diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona en relación con la instrucción de un procedimiento judicial dirigido a dilucidar una supuesta financiación ilegal de CDC», el conocido caso del 3 por ciento.

En el caso de que se confirmase que los ingresos no corresponden a servicios realmente prestados, dichas transferencias de fondos supondrían un incumplimiento de la ley orgánica de financiación de los partidos políticos, advierte el Tribunal.

Suspenso a las cuentas de nueve partidos

Además de Convergencia,  el ente fiscalizador se niega además a dar su conformidad a la contabilidad de 2015 de otros ocho partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.

Aunque con salvedades, el Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable de 20 formaciones políticas respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto al ejercicio 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos.

Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), Unió Democràtica (UDC) y la federación de CiU.

Además, se detectan incumplimientos que también podrían constituir infracciones sancionables como la no identificación de los cargos públicos o de los donantes que realizaron aportaciones a las formaciones políticas, la no determinación de las personas físicas que efectuaron donaciones, las donaciones aceptadas de personas jurídicas pese a la prohibición de 2015, la participación indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la actividad mercantil, o el incumplimiento del deber de colaboración por las formaciones políticas con el Tribunal de Cuentas.

Pese a los compromisos de transparencia, trece formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio; además, doce formaciones no habían publicado en su web el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Tampoco se habían aprobado ni publicado las instrucciones internas preceptivas en materia de contratación por 22 formaciones políticas.