Revés para Puigdemont: el Parlament impide cambiar el reglamento si antes no hay investidura

El plan de Carles Puigdemont de modificar el reglamento del Parlament para su investidura a distancia se ve frustrado por la propia normativa de la Cámara catalana.

En concreto, el artículo 60, que regula la denominada ‘comisión de Reglamento’, la que en ese caso se encargaría de estudiar el cambio, advierte de que tendrá carácter de comisión legislativa.

Hay que irse al artículo anterior para comprobar, en efecto, que la constitución de esa comisión supone un revés para Puigdemont: en el mismo, se establece que las comisiones legislativas se constituirán en sesión plenaria, en la semana siguiente a la investidura del presidente de la Generalitat, por mayoría absoluta, y a propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

Esta regla de la mayoría-68 diputados- complica además extraordinariamente el futuro del ex presidente. El bloque independentista-Junts per Catalunya, ERC y CUP-suman 70 diputados, pero hay que tener en cuenta que ocho de ellos no pueden votar, por estar en prisión o exiliados en Bélgica.

Ello obligaría a que estos diputados renunciasen a su acta, para que hiciesen correr la lista. Pero aún así, el procedimiento de esa renuncia exigiría, en primer lugar, adquirir la condición de parlamentario.

Entre esos diputados están los encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, que confían en salir de prisión el día 4 de enero, cuando el Tribunal Supremo se reúne de nuevo para valorar su situación preventiva. En ese caso, sí podrían votar.

No ocurre lo mismo en el caso de los fugados, con Puigdemont a la cabeza, y que sumarían un total de cinco bajas. Cualquiera de ellos, si pone pie en territorio español, será detenido.

Así las cosas, cualquier modificación de reglamento forzada y al margen de la propia normativa del Parlament sería impugnada por los grupos, y, previsiblemente, carecería de toda validez. A eso se añade que, como informó OKDIARIO, en Moncloa ya se trabaja sobre la idea de recurrir al Tribunal Constitucional esa reforma. La mera admisión a trámite implicaría su suspensión, que puede extenderse por un máximo de cinco meses.

El reglamento deja abierta la posibilidad de que dos grupos parlamentarios, o la quinta parte de los miembros del Parlament, soliciten la disolución de una comisión. Esto permitiría, por tanto, que Ciudadanos, PSC y PP lo reclamasen. No obstante, la impugnación tendría que ser aprobada en el pleno del Parlament y por mayoría absoluta, algo que se vuelve en contra del constitucionalismo, con 65 diputados.

La posibilidad de que Puigdemont sea investido a distancia es rechazada categóricamente por los partidos de la oposición.

«No le voy a dar una respuesta jurídica sino de sentido común. Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero», consideró este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el habitual balance del año, en La Moncloa.

Desde el PSOE, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, calificó de «absurdo» y propio del «delirio» independentista que el ex president pueda recuperar su cargo por vía telemática.

Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos en el Parlament, ya avanzó que su grupo no reconocería una investidura  de este tipo porque «no sería normal ni legal».

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, se ha sumado también a las críticas. «Honestamente lo veo difícil pero estamos dispuestos a ver cualquier cosa», dijo en los últimos días.