Jueces, CCAA y ayuntamientos rechazan dar información a la ‘comisión Bárcenas’

La Audiencia Nacional no es la única que se niega a remitir información a la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ayuntamientos, comunidades autónomas, incluso el Consejo General del Poder Judicial han denegado, con distintos criterios, la entrega de informes que habían sido requeridos por los diputados. Un rechazo que, en la práctica, hace que las comisiones contra el PP-la citada y la ya extinta sobre la posible existencia de una ‘policía política’ al servicio del ministerio del Interior-carezcan de la información necesaria para desarrollar sus trabajos y resulten, por tanto, inoperativas.

En julio, el PP presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra la comisión sobre su caja ‘B’, alegando que la investigación se había convertido en una «causa general» contra el partido al no haber delimitado ni el marco temporal ni el objeto de la misma. Esa falta de concreción ha derivado en que el plan de trabajo de la comisión resulte, en muchos momentos, caótico, y en la misma forma, dificulte obtener información clave para arrojar conclusiones.

El CGPJ rechaza «incidir» sobre la Justicia

El pasado 21 de junio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, rechazaba en estos términos la solicitud de documentos que le había llegado desde el Congreso:  «Para que desde el CGPJ se proceda a dar traslado a los órganos judiciales afectados, resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios para ello, como son la identificación completa del órgano judicial que está conociendo de los procesos en cuestión (clase de órgano, número, localidad…), el número de procedimiento completo y el tipo de procedimiento de que se trate». 

Desde la comisión reiteraron la solicitud, otra vez, de forma incompleta. «Como ya ocurrió con la primera comunicación, los datos resultan insuficientes», concluyó el órgano de los jueces.

Anteriormente, Lesmes ya se había pronunciado sobre la comisión sobre el presunto uso partidista del ministerio de Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, que se cerró en julio, al ser requerido por documentación en manos de la justicia de Andorra.

«No resulta jurídicamente posible que se atienda» la solicitud, respondió, aclarando que no disponía de tal competencia.

Pero la respuesta no se quedó ahí. En su escrito, el máximo órgano del Poder Judicial aprovechó para advertir de que «la investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los Tribunales, a quienes corresponde en exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional, tal y como dispone el artículo 117.3 de la Constitución».

Para el CGPJ, habrían de ser los jueces encargados del procedimiento los encargados de autorizar el envío de la documentación y decidir si el deber de «colaboración con las Cámaras» choca con la preservación de los derechos fundamentales de las partes implicadas en el proceso, así como «si la investigación judicial resulta perjudicada o entorpecida por la remisión de la documentación o por la investigación de la Comisión parlamentaria».

El afán por extender la investigación a todas aquellas regiones en el mapa de la presunta corrupción del PP ha terminado también en portazo. El Parlamento de Murcia evitó la solicitud por no disponer de «ninguna Comisión de investigación sobre el asunto de referencia», una respuesta prácticamente idéntica a la recibida de la Asamblea de Madrid y de las Cortes de Castilla y León. No existe ninguna Comisión sobre «corrupción genérica o específica» del PP y por tanto «no cabe la remisión de la documentación solicitada», concluyeron desde ésta última.

«En este Ayuntamiento no ha habido ni hay en marcha ninguna Comisión de Investigación sobre corrupción genérica ni específica al Partido Popular», alegó también la corporación municipal de Alicante, en manos de Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), ahora imputado por el presunto fraccionamiento de contratos y por posible prevaricación en el despido de la cuñada de la portavoz del PP.

La UDEF: casos «pendientes de juicio»

La comisión no ha recibido tampoco los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que resultarían claves en la investigación. La Unidad alegó que los documentos estaban incorporados en dos procedimientos judiciales, aún pendientes de juicio, y por tanto su aportación estaría sometida «a la decisión que los magistrados encargados consideren».

Esta semana, la Audiencia Nacional negó al Congreso el acceso a los informes del sumario del ‘caso Bárcenas’, por tratarse de asuntos que aún están bajo investigación.

La institución se limitará así a remitir las resoluciones judiciales y se rechaza también entregar informes de la UDEF y de la Intervención General del Estado (IGAE) al considerar que, en caso contrario, «podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal».