Catalá: «El Estado de las Autonomías puede revisarse pero no como consecuencia de un chantaje»

P.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a la Fiscalía que cese en sus actuaciones en el marco del 1-O. Algunos lo han interpretado como un correctivo a las actuaciones de la Fiscalía, ¿está de acuerdo?

R.- No lo entiendo así, en absoluto. El proceso penal tiene una fase inicial en el que la Fiscalía lleva a cabo unas diligencias de investigación, fruto de una querella o de una denuncia empieza a investigar. Cuando un juez toma la instrucción de la causa y empieza a recabar para sí todos los datos, a partir de ese momento dirige la investigación. Esto es lo que ha pasado. La secuencia temporal ha sido esa y la jueza competente ha continuado con las investigaciones. Por cierto, ha ratificado la que venía haciendo la Fiscalía.

P.- Lo que creo que subyace tras esa interpretación es la idea, trasladada por algunas formaciones políticas como el PSOE o Podemos, de que el Gobierno se está parapetando tras la Fiscalía para no actuar desde el punto de vista político. ¿Es así?

R.- No lo creo. Cada uno está ejerciendo las responsabilidades que le corresponden: a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le corresponden unas actuaciones; a la Fiscalía defender la legalidad y actuar para promover los derechos y las garantías; a los jueces, instruir las causas penales; y el Tribunal Constitucional está velando porque no se adopten medidas legislativas o reglamentarias contrarias a nuestra Constitución. Y, mientras tanto, el Gobierno sigue resolviendo los problemas cotidianos de los catalanes (financiando a la Generalitat de Cataluña para que se paguen las pensiones, los salarios de los funcionarios, la sanidad, a las farmacias, etc). Eso es lo que estamos haciendo.

P.- La verdad es que la posición del Gobierno es endiablada. Algunos les piden acción política para iniciar un diálogo ya y otros se la exigen en el cumplimiento de la legalidad, incluso con la aplicación del 155…

R.- Es verdad que un gobierno está obligado a hacer que se cumplan las leyes, pero también estamos obligados a resolver los problemas que hay en España. En eso estamos desde hace mucho tiempo, aunque algunos lo hayan negado. Aquí hay mucho eslogan y mucha mentira también. El gobierno ha estado dialogando permanentemente, pero de lo que no podemos dialogar es de cómo hacemos para que se incumpla la Constitución. De eso, nunca vamos a poder dialogar. Podemos dialogar de cómo se mejoran las prestaciones de los servicios públicos en Cataluña, de cómo se mejoran los accesos ferroviarios al aeropuerto del Prat, pero nunca vamos a negociar un referéndum inconstitucional.

P.- Algunos han empezado ya a buscar responsabilidades en lo que está pasando y las han encontrado en el recurso del PP al Estatuto de Cataluña. ¿Asume esa responsabilidad?

R.-  No, es una de las falacias que se están manejando. Se aprobó una reforma del Estatuto de Cataluña y el Partido Popular consideró que esa reforma iba más allá de lo que nuestra Constitución establecía. Lo hizo legítimamente como hacen otros grupos políticos, como hace la Generalitat que va al Constitucional cuando está en desacuerdo con una ley del Estado. El PP presentó un recurso y el Tribunal Constitucional estimó una parte, otra parte no. Dijo “mire, esta ley, que es una ley orgánica, no se adecua a la constitucionalidad”. El Tribunal Constitucional hizo su trabajo y deberíamos estar todos muy de acuerdo en que esa sentencia es la que marca el límite de juego. Si algo hizo el PP es poner de manifiesto que se había producido una reforma legal que estaba en contra de nuestra Constitución.

P.- Echando la vista atrás, ¿qué es lo que se ha hecho mal? Algo se habrá hecho mal…

R.- Se habrán hecho mal muchas cosas. Nuestros últimos 40 años es la historia de un éxito colectivo si vemos cómo ha evolucionado España, cómo hemos consolidado la democracia, cómo ha crecido el bienestar, cómo ha crecido el desarrollo social y económico, nuestra presencia internacional y tantos otros campos en los que somos punteros… Tenemos que estar muy orgullosos de lo que ha sucedido, pero seguramente que algunas cosas hemos hecho mal. Fíjese que uno de los temas más delicados en el pacto constitucional fue el Estado de las Autonomías, fue muy delicado. Había dos ponentes que eran catalanes y, por tanto, había mucha información sobre cómo articular la situación de Cataluña en el contexto de las comunidades autónomas. Aquello sirvió en ese momento y nos ha dado una etapa de éxito y desarrollo muy importante. ¿Se puede revisar? Podríamos revisarlo, pero nunca fruto de un chantaje o de unas coacciones que se pueden estar llevando a cabo en este momento. ¿Se ha cometido algún error en cuarenta años en la historia de España? Seguro, lo habremos cometido entre todos. Reconocer la capacidad de mejora de nuestro sistema institucional es una buena manera de empezar, pero siempre con diálogo y consenso.

P.- ¿Debo entender que están ustedes dispuestos a ese diálogo?

R.- Lo hemos estado desde el primer día. Hemos estado hablando con la Generalitat de Cataluña, con el PSOE, con Ciudadanos, etc. Hay un buen momento de acuerdo de las principales fuerzas políticas para revisar algunas cuestiones, pero no porque haya una coacción. No es una respuesta al 1-O, en absoluto. Con tiempo, con reposo y con tranquilidad, vamos a hablar de lo que hoy es España y en qué medida podríamos mejorarla.

P.- ¿Esa negociación pasa por la aceptación de un referéndum?

R.- No necesariamente. Con un referéndum sólo de una parte de la población para decidir lo que somos todos, el Partido Popular nunca va a estar de acuerdo. Nosotros creemos firmemente en los principios de la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de España. Esos son los pilares con los que construyes el edificio. Puedes cambiar la pintura de las habitaciones de una casa, pero si tocas los pilares se te puede venir todo abajo. Los grandes pilares de nuestra Constitución no son revisables.