Cifuentes da la cara y solicita comparecer voluntariamente en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha solicitado este viernes comparecer «a petición propia» y «a la mayor brevedad posible» en la Comisión de Investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid, para dar explicaciones a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -rechazados por el juez- que la vinculan con la adjudicación presuntamente irregular del servicio de la cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011.

«Cristina Cifuentes informará personalmente sobre la adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara Regional que ha sido objeto de investigación policial», ha asegurado el equipo de la presidenta madrileña a través de una nota de prensa. «Cristina Cifuentes no tiene nada que ocultar», se añade en el texto.

En el mismo comunicado, se recalca que la actuación de la mandataria de la Región «en ambos procesos se ha ajustado plenamente a la legalidad», alegando a su vez que las decisiones que se tomaron fueron «por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervienen tanto representantes políticos como técnicos de la Administración».

Solicitan la declaración de 3 diputados y 8 técnicos

Por este motivo, el PP ha solicitado también en esta comisión la declaración de tres diputados del PSOE e Izquierda Unida que estuvieron inmersos en los procesos que la Guardia Civil investiga. También han pedido la comparecencia de los 8 técnicos que participaron en los hechos.

Los diputados cuya declaración han pedido los ‘populares’ estuvieron como parlamentarios en la Cámara regional durante las Legislaturas VIII y IX: Francisco Cabaco, diputado del PSOE, integrante de la Mesa de Contratación de la Asamblea en 2009; Antero Ruiz, parlamentario de IU e integrante de la misma Mesa en 2009 y 2011, y Juan Barranco, también diputado socialista y que estuvo presente en la Mesa de Contratación en 2011.

En relación a los técnicos, el comunicado especifica que serían «Mónica Martín de Hijas, directora de Gestión Administrativa; Fernando Ortega, Interventor; Javier Sánchez, Letrado; José Prada, Jefe de Contratación, y Fabio Pascua, secretario general». Todos ellos fueron integrantes de la Mesa de Contratación en 2009 y 2011, los periodos en los que presuntamente se cometieron las irregularidades, excepto Javier Sánchez, que estuvo solo en 2009.

«Además, se ha requerido que comparezcan Tatiana Recoder, Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica e integrante del Comité de Expertos en 2009; María Merino, Jefa del Servicio de Relaciones Exteriores y Protocolo y miembro del Comité de Expertos en 2009 y 2011, y Arturo Zubiri, Técnico Superior e integrante del Comité de Expertos en 2011», apostilla la nota de prensa.

La dirección del PP, molesta con Cifuentes

El propio diputado socialista Francisco Cabaco, en declaraciones a OKDIARIO, aseguró que «ese concurso fue absolutamente normal, como otros concursos, no hubo nada, absolutamente nada».

Cifuentes, en las diversas explicaciones que ha ido concediendo a los medios, no descartó que la filtración del informe de la UCO viniese del «fuego amigo», es decir, de un miembro del PP.

Según ha informado este periódico, estas acusaciones no han sentado bien en Génova, llegando a darle un toque de atención a la presidenta madrileña al advertir que estaría «cometiendo un error». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también está especialmente molesta con Cifuentes, puesto que considera que el «fuego amigo» le señala a ella, dado que ambas no mantienen una buena relación personal.