Santamaría a Patxi López: «Tendría que ser el mes para buscar acuerdos y no un conflicto institucional»

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Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (FOTO:EFE)

El Gobierno sostiene la misma postura: no se someterá a control parlamentario porque no existe ningún precedente en ningún otro Ejecutivo que se haya sometido. Si entre la reunión del presidente del Congreso, Patxi López con el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, no ha quedado la cosa clara esta mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ratifica la postura y vuelve a dar explicaciones sobre el enfrentamiento. «López nos trasladó su decisión sobre que el Gobierno debe de llevar una actividad de control íntegra cuando está en funciones. Yo misma por carta le contesté que éste Gobierno no tiene la confianza de la Cámara y no tiene capacidad política, por lo tanto, no se puede someter al control de legalidad», ha explicado la vicepresidenta que ha continuado diciendo que para algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo «siempre» han hecho caso a los informes que les permiten ejercer ciertas capacidades y actividad.

La vicepresidenta ha contestado de esta manera tras la intención de los socialistas de llevarles al Tribunal Constitucional, como ya anunciaron desde el primer día y lamentó que la reunión entre López y Ayllón celebrada esta mañana no sirviera para rebajar las tensiones entre Congreso y Gobierno. El secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro fue más allá indicando «falta de neutralidad».

La vicepresidenta quiso continuar con su discurso haciendo ver que este conflicto tiene más ‘miga’ de lo que se imaginan vinculándolo a un asunto partidista. Así, aseguró que los socialistas solo se acordaron de someter a control al Gobierno tras la investidura de Sánchez. «Ahora estamos ante un conflicto institucional grave por el control de un mes, que es el último para intentar formar gobierno porque el 2 de mayo se disuelven las Cámaras», dijo Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta apuntó con suspicacia que a su juicio «debería ser el mes conciliador para buscar acuerdos y pretende que sea el mes de conflicto institucional contra el PP que ha ganado las elecciones y busca apoyo para formar Gobierno con el PSOE».

Sáenz de Santamaría quiso poner un claro ejemplo de actualidad y dijo: «Estamos hablando si el mes de abril nos lo pasamos hablando como el señor Sánchez con Tsipras para pedir el apoyo del señor Iglesias y mientras el Gobierno y el Congreso compareciendo miércoles tras miércoles para que le ejerzan la oposición… Creo que es el mes para conciliar. Sin embargo y por primera vez se decide que sea el mes de oposición al PP y del primer conflicto institucional de esta naturaleza anunciado por Hernando y secundado por López», zanjó Sáenz de Santamaría.

El Gobierno concede 13 indultos especiales por Semana Santa

Además de hablar sobre el control parlamentario, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 13 reales decretos por los que concede sendos indultos especiales a trece presos a petición de distintas cofradías y hermandades religiosas con motivo de la Semana Santa.

 

Los indultos han sido solicitados por hermandades y cofradías de Jaén, Granada, Oviedo, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Logroño, Burgos, Teruel, León, Valladolid y Alicante y en todos los casos se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, así como el del centro penitenciario, el avanzado cumplimiento de las condenas, la satisfacción de las multas y los antecedentes penales.

Según la vicepresidenta, son casos especiales, en los que concurren «circunstancias de índole humano». El Consejo ha rechazado conceder 599 indultos, de los que 584 tenían informes contrarios por parte del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. De los quince restantes, tres tenían informe favorable de ambas instancias y doce con informe desfavorable de uno de las dos.

La vicepresidenta ha indicado que los indultos que se han denegado a pesar de los informes favorables afectan a casos de violencia de género o de índole sexual, asuntos en los que el Gobierno no ha concedido ningún indulto en lo que va de legislatura

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