Yolanda Díaz da a los expertos un plazo de dos meses y medio para sus propuestas de subida del SMI

El Ministerio de Trabajo ha dado dos meses y medio de plazo a la comisión asesora sobre salario mínimo interprofesional (SMI) para que presente una propuesta actualizada de subida del SMI para 2023, tras lo que convocará la mesa del diálogo social para negociar ese alza con patronal y sindicatos. Tras reunirse con los expertos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la comisión asesora tendrá además la tarea de analizar el impacto positivo que la revalorización del salario mínimo ha tenido sobre la pobreza y la desigualdad en España.

«Estamos en momentos difíciles y excepcionales», ha subrayado Díaz en relación con un contexto económico marcado por la elevada inflación, si bien ha recordado que «bastantes» países europeos ya han adoptado subidas de sus salarios mínimos como Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos o Polonia, en tanto que Francia lo ha revalorizado en tres ocasiones este año.

En paralelo, ha instado a las organizaciones empresariales y sindicales, y en particular a la CEOE, a volver a la mesa negociadora para cerrar un acuerdo salarial para los próximos años en el sector privado «por el bien del país», tras no haberlo logrado el pasado mes de mayo. Ha sido después de que la patronal haya denunciado en un comunicado la injerencia del Gobierno en esta negociación bipartita. Díaz ha ratificado que le parecen «razonables» las subidas planteadas por los sindicatos, «que están defendiendo el interés general» de los 17 millones de asalariados que están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo, y ha pedido a la CEOE que vuelva a estar a la altura de las circunstancias.

Por su parte, CEOE ha advertido de que «los anuncios sobre subidas desmedidas del SMI -que se ha incrementado un 35,9 % desde 2018- bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe, puesto que estas impactan en las tablas salariales, representando en la práctica una injerencia en la negociación colectiva».