UGT: “Todos nuestros afiliados están al corriente de pago y no tenemos ningún cotizante fantasma”

El sindicato UGT asegura que todos sus afiliados están al corriente de pago y que no existe ninguno de ellos que sea «fantasma», tras descubrir OKDIARIO que existe una diferencia de al menos 180.000 personas entre los afiliados que declaran a Hacienda realizar el abono de cuotas y las cifras oficiales que proporcionan los sindicatos. Según asegura UGT, “el número de personas afiliadas a corriente de pago a 31 de diciembre de 2015 son todos ellos, es decir, 928.846 cotizantes.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha indicado a OKDIARIO que la diferencia entre los ciudadanos que declaran a Hacienda pagar cuotas sindicales y las cifras oficiales que aportan las centrales sindicales se explica porque no todos los afiliados tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta y que muchos de ellos desconocen que existe esta deducción. Además, apunta que hay más organizaciones sindicales y que los citados afiliados fantasma no son tales.

En la última Campaña de la Renta, correspondiente al ejercicio 2014, un total de 1.816.077 personas declararon a Hacienda haber pagado sus cuotas sindicales (para poder acceder a la correspondiente deducción fiscal). Sin embargo, las cifras oficiales publicadas por CCOO y UGT indicaban que el volumen era de 1.999.000.

Esto supone que hay 182.923 afiliados fantasma que los sindicatos dicen que existen y que pagan sus cuotas, pero que la Agencia Tributaria sabe que no hacen frente a sus obligaciones como asociados. Y la cifra puede ser superior a los citados 182.923, ya que en la estadística de declarantes se incluyen los afiliados de otras organizaciones sindicales, como USO, CSIF y otras formaciones con muchos menos asociados en comparación con CCOO y UGT.

Los 1,8 millones de afiliados que pagan sus cuotas sindicales representan un 10,3% del volumen total de trabajadores que están dados de alta en la Seguridad Social. Es decir, que tan sólo uno de cada diez empleados españoles pertenece a un sindicato. Sin embargo Antoñanzas considera que esta no es la manera adecuada de medir la representatividad y apunta que lo más adecuado es hacerlo “en función del número de delegados y miembros de comités de empresa obtenidos en las elecciones sindicales, no en función de la afiliación”.

Respecto a la financiación, la vicesecretaria de UGT defiende que el sindicato cobre a los trabajadores inmersos en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) porque «realizar una gestión técnica y de representación y actuación jurídica que tiene un coste y que se realiza por profesionales», por lo que «el dinero no es para financiar al sindicato».

A este respecto, considera que «es ilógico que UGT asuma los costes de aportar sus recursos técnicos y humanos a ese fin, y además sería injusto que se financiara con las cuotas de los afiliados costes que afectan al conjunto de los trabajadores afectados, por lo que es lógico que cobre por esos servicios». Un hecho que extiende a la gestión el Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, creado para garantizar la jubilación de los empleados públicos y que les ha generado unos ingresos de 1.854.130 euros en los dos últimos años en comisiones.

Tanto UGT como CCOO se han llevado estos ingresos por su gestión, a pesar de que las aportaciones fueron congeladas en 2012 dentro del plan de contención del coste laboral de los empleados públicos. El fondo invierte en Bolsa y destina una parte del dinero a productos de alto riesgo. Las comisiones salen del patrimonio del fondo, es decir, de las pensiones futuras de los funcionarios.