Las familias pagarán hasta 394 millones más en la factura de la luz por las trabas del Gobierno a los centros de datos

Las leoninas condiciones que quiere imponer el Gobierno a las inversiones en centros de datos, las más duras de Europa, expulsarán las inversiones a otros países del continente, como Portugal, que comparte mercado eléctrico con España. Esto tendría una inmediata consecuencia: se perderán peajes y cánones que elevarán los costes del sistema, repercutiendo en lo que pagan las familias en su factura a final de mes.

«La no materialización de entre 3,5 y 4 GW de demanda de centros de datos podría dejar infrautilizada parte de la infraestructura prevista y reducir entre un 1,1% y un 5,7% los ingresos destinados a cubrir los costes regulados del sistema», señala la consultora E&Y en un informe -como se ve en la imagen-.

Y añade la consultora: «Un marco regulatorio que desincentive la conexión de nueva demanda trasladaría al resto de consumidores unos costes del sistema de entre 118 y 642  millones de euros en 2030, de los cuales entre 73 y 394 millones de euros recaerían sobre hogares y pequeños consumidores».

De acuerdo con E&Y, no es difícil que si el borrador de real decreto que se ha conocido sobre la regulación de las inversiones en centros de datos sale adelante en las próximas semanas, como se ha comprometido el Gobierno pese al adelanto electoral, las inversiones se irán a otros países, más laxos en su regulación.

La consultora recuerda que «España tiene uno de los precios de electricidad más bajos de Europa, pero si se aplicase el Proyecto de Real Decreto sus centros de datos se expondrían a un coste energético significativamente más elevado que los precios del mercado a futuro».

El informe calcula que el coste de suministro para un centro de datos con el actual proyecto de real decreto será en 2030 de 133,07 €/MWh, frente a los 55 €/MWh del precio de futuros. Además, la brecha se amplía cada año: entre 2027 y 2030 el precio de mercado cae un 41% mientras que el coste con el proyecto de real decreto aumenta un 1%.

La consecuencia de esas cifras es que si se aprueba ese real decreto las inversiones previstas están en riesgo. El Gobierno obliga a los centros de datos a garantizar el 80% de su energía mediante renovables, a todas horas del día. Los costes de esta medida son extraordinarios y hace que la inversión no sea rentable, obligando a los inversores a llevar su dinero a otros países.

De los proyectos anunciados en España y Portugal, el sector estima que solo 4,4 GW llegarán a materializarse, de los cuales apenas 1,2 GW están actualmente construidos o en desarrollo. Según E&Y el 80% de las inversiones previstas están en riesgo: hasta 60.000 millones de los 66.900 millones previstos.

Y es que el Gobierno impone exigencias que ningún otro Ejecutivo de Europa ha incluido en sus regulaciones. Como refleja el informa de E&Y, Irlanda y Alemania exigen energías renovables, pero ninguno impone correlación horaria como España: Irlanda mide el 80% en balance anual y Alemania acepta garantías de origen.

Portugal, rival directo de España, «integra sostenibilidad mediante transparencia y reporting, sin imponer requisitos de matching obligatorios», señala el informe, mientras Reino Unido «ataca la especulación en la cola con garantías económicas e hitos de madurez (en propuesta). Acuerdos voluntarios de eficiencia energética con incentivo fiscal. No impone requisitos renovables».

Noruega y Texas abordan el riesgo de los centros de datos desde la seguridad y la flexibilidad de la red, no desde el origen de la energía. Por su parte, Finlandia y Brasil fomentan la sostenibilidad mediante incentivos de conexión y fiscales, evitando requisitos rígidos de adicionalidad y correlación horaria. En definitiva, «ninguna norma de la UE exige adicionalidad ni correlación horaria a los centros de datos. La UE apuesta por la transparencia y por un despliegue ordenado de los mismos», destaca E&Y.