Los taxistas abandonan a Elpidio Silva: más de un centenar se sale de la querella contra Uber y Cabify

La estrategia penal diseñada por el abogado y ex juez de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva contra la que calificó como «trama patológica» de las VTC, Uber y Cabify, ha sufrido un nuevo tropiezo en los últimos días. Silva presentó una querella en el tribunal especial que cayó en el juzgado de instrucción número 3, dirigido por la magistrada María Tardón, que archivó la querella con palabras muy duras contra Silva.

Silva y Tardón eran dos viejos conocidos: la jueza había sido representante por el PP en la Asamblea General de Caja Madrid y tuvo que juzgar el caso de la inhabilitación de Elpidio por sus acciones en el caso Blesa. Su pasado político motivó que el abogado granadino la recusara en 2014 al considerar que no podía ser imparcial por haber tenido relación con Miguel Blesa -de hecho trabajó con él- y haber sido concejal de los populares en el ayuntamiento de Madrid. Silva ganó esa batalla y Tardón fue sustituida por otro magistrado, pero perdió la guerra y tuvo que abandonar la carrera judicial.

Ahora, el mismo argumento ha sido utilizado por el abogado que ha presentado el recurso de la Plataforma Integral del Taxi. Elpidio Silva cree que Tardón no puede juzgar su caso por su probada enemistad y ha recurrido ante la propia Audiencia, pero por el camino muchos de los taxistas que representa le han abandonado.

Según un escrito ante la Audiencia Nacional que obra en poder de este diario, 110 profesionales del taxi piden el desistimiento de las acciones penales y salirse del caso. «No hay futuro en este caso», aseguran algunos de los afectados a este periódico.

Peligra la demanda

El caso penal, aunque no llegue a buen término para los querellantes, presenta menos peligro que la demanda en varios juzgados mercantiles. En este caso, la tres demandas presentadas pueden tener que responder por parte de los costes que supondría que salieran adelante.

Hay que tener en cuenta que la PIT pidió nada menos que «el cese en la actividad del transporte discrecional de viajeros intracomunitario» y el «bloqueo o inutilización de cualquier tipo de aplicación (APP) de los demandados para su uso en los teléfonos inteligentes de los usuarios».

Estas peticiones tan ambiciosas realizadas por Elpidio Silva Abogados traen consigo consecuencias a su vez importantes: las empresas demandadas calculan el coste de las mismas y el daño económico que les produciría tener que cesar la actividad después de haber realizado las inversiones. Por ello, calculan el valor de su cese de actividad y en base a estas cantidades podrían cargarse las costas a la parte demandante si el juez observara mala fe.

Así, empresas como Cabify, Auro New Transport o Ares Capital calculan costes millonarios que podrían repercutir en forma de costas en los demandantes.

Además, la Abogacía del Estado ya rechaza las acciones de Silva por no haberse presentado en la instancia correspondiente.