El Supremo tumba la financiación en la sombra de CCOO y UGT a través de las fundaciones laborales

El Tribunal Supremo ha declarado ilícita la cotización obligatoria del 0,1% de su sueldo que los trabajadores tenían que abonar hasta ahora para mantener las fundaciones laborales. En concreto, la de Hostelería y Turismo y la de Comercio han gestionado fondos por valor de 100 millones de euros, pero la sentencia podría ser determinante para el futuro de otras fundaciones similares.

La sentencia del Tribunal Supremo no discute la aptitud jurídica de un convenio colectivo para crear una fundación con la finalidad que lo ha sido en este caso, pero señala que «no puede imponer obligaciones pecuniarias a los trabajadores afectados por el convenio consistentes en sufragar económicamente a la fundación surgida del convenio sino que esas aportaciones pecuniarias sólo pueden ser voluntarias».

El Tribunal señala que «la representatividad está limitada por su ámbito y por su alcance, que no incluye la financiación de la fundación, sobre todo cuando, como aquí sucede, los fines de la misma son muy genéricos y no concretan beneficios reales y efectivos a los trabajadores mientras que la aportación de los mismos constituye, por el contrario, una inversión específica en los términos porcentuales prefijados en el Acuerdo, impuesta por sus representantes».

Fuentes jurídicas señalan que esta sentencia podría afectar no sólo a estas fundaciones, sino al resto. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) esperan que esta línea jurídica se mantenga para todas las fundaciones que reciben dinero público, también para las que beben directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Su secretario confederal de Acción Sindical, Pepe Vía, asegura que la sentencia es una buena noticia porque «pone fin a un coto cerrado de UGT y CCOO, que tienen una tela de araña montada compartida con las patronales sectoriales».

Las fundaciones laborales surgieron en 2012 tras la reforma laboral, con el objetivo de mejorar las relaciones laborales y la formación. Estas partidas, que se encuentran en entredicho tras los sucesivos escándalos que se han ido destapando, han servido a los sindicatos para financiarse de forma alegal. De este modo, se corta una importante vía de ingresos para UGT y CCOO, al que se le une el inminente final de su monopolio con los cursos de formación.

Y es que en un solo día, tres sentencias de la Audiencia Nacional, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, declararon que el argumento de ser las organizaciones “más representativas” no es un criterio válido para denegar las subvenciones con tal fin a otros sindicatos.