El Supremo abre un agujero de 700 millones en el Popular tras el varapalo a sus bonos convertibles

Los bonos convertibles en acciones son el nuevo frente al que tiene que hacer frente el Banco Popular, después de que el Tribunal Supremo se haya sumado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Audiencia Provincial de Murcia, que consideran que la venta de estos productos (conocidos popularmente como CoCos) se ha realizado de forma irregular. La entidad financiera se enfrenta a un agujero de 700 millones de euros si los tribunales dan la razón a los más de 22.000 clientes que compraron estos productos creyendo que eran seguros.

Según avanzó el pasado noviembre OKDIARIO, los despachos de abogados que se dedican a las reclamaciones en materia financiera iniciaron una ofensiva legal contra el Banco Popular por la comercialización de estos bonos convertibles, que fueron vendidos a personas que no sabían exactamente lo que compraban. Como en el caso de las acciones preferentes, los clientes no conocían los riesgos del producto financiero y se llevaron una sorpresa cuando comprobaron que, al convertirse los bonos en acciones de la entidad, el valor de la inversión caía hasta un 85%. Los abogados de estos afectados han empleado este argumento para llevar a los tribunales al Popular, denunciando la “falta de información que se proporcionó a los inversores en el momento de su colocación”.

Ahora, el Tribunal Supremo ha dado la razón a uno de los afectados, el Grupo Empresarial Alcor, en una sentencia en la que considera que la entidad financiera no cumplió con sus obligaciones, al limitarse a entregar un folleto de “difícil comprensión” al cliente para cumplir su compromiso legal de informar sobre los riesgos del producto que se contrata. Es más, el Alto Tribunal indica que esta obligación debe cumplirse aunque el cliente tenga un gran patrimonio y esté acostumbrado a realizar inversiones de productos complejos.

“El quid de la información no está en lo que suceda a partir del canje de los bonos en acciones, puesto que cualquier inversor conoce que el valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es decir, que al inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente al precio al que compró los bonos, sino que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha de canje, todo o parte de la inversión”, indica la sentencia.

“Es decir, la empresa que presta el servicio de inversión debe informar al cliente de las condiciones de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje. El mero hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se haga referencia a la fecha de valoración de las acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas”, concluye el Supremo.

Se trata del segundo golpe a la defensa del Popular, ya que la CNMV ha multado a la entidad financiera con un millón de euros por cometer una infracción “muy grave” en la venta de estos bonos convertibles en acciones. El banco incumplió sus “deberes de información”, a juicio del organismo que supervisa los mercados españoles, es decir, el mismo argumento que ha empleado ahora el Supremo.

A todo ello se suma una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia condenó al Banco Popular a devolver a un inversor 185.000 euros que había comprado bonos subordinados necesariamente convertibles. El tribunal ha declarado la nulidad de la operación, por considerar que había existido “asimetría informativa”, es decir, que el cliente no sabía lo que estaba contratando ni el riesgo que suponía. La misma línea argumental que los despachos de abogados están empleando en el caso de las acciones preferentes y que tanto éxito les ha dado en sus reclamaciones, ganando más del 90% de los casos.

Popular: «Los inversores recuperaron 470 millones, el 67% del capital»

Por su parte, la entidad financiera indica que informó a los clientes de forma correcta y que, además, las pérdidas que han sufrido los clientes no han alcanzado el citado nivel del 85%, sino que se han situado en el entorno del 33%,  ya que los inversores han recibido intereses durante todos los años desde que adquirieron los bonos, una tasa que en los dos últimos años ha alcanzado el 7% anual. No obstante, el banco ha analizado el caso de cada cliente de forma particular y planteado como opción estándar un depósito a cinco años remunerado con un máximo del 5%.

«Los bonos se convirtieron el 25 de noviembre de 2015 a un precio fijo de 6,99452 euros cuando las acciones cotizaban a 2,962 euros por lo que si los 700 millones de euros estuvieran en manos de un tenedor (supuesto) el nominal a recibir en forma de acciones sería de unos 298 millones de euros, a lo que habría que sumar los cupones recibidos durante 3,5 años al 7% (que suman 172 millones de euros). En total supone una recuperación de 470 millones de euros, el 67% del nominal original, o lo que es lo mismo minusvalías por valor de un 33% del nominal inicial», explican fuentes del banco a OKDIARIO.

Además, desde la entidad financiera se recuerda que el «banco ha llegado a un acuerdo con muchos clientes, y es por ello que la provisión se redujo de 20 millones de euros al cierre de 2015 a 16,8 millones de euros a fecha 30 de junio de 2016».  LAs fuentes consultadas también apuntan que «la sentencia del Tribunal Supremo habla de un caso concreto, bajo unas circunstancias muy concretas, por lo que no es extrapolable al resto de casos». En todo caso el Popular acata la sentencia, aunque sigue defendiendo su inocencia por consideran que «ha comercializado dichos instrumentos de manera transparente».

Las acciones del Popular son las que lideran las pérdidas de la Bolsa española este miércoles, con una caída superior al 4% que sitúan los títulos de la entidad en los 1,1 euros. Con la caída de hoy el desplome acumulado en el conjunto del año supera el 60%. La entidad pasa por momentos complicados tras intentar, sin éxito, cerrar un acuerdo de fusión con uno de sus principales competidores y tras aprobar una polémica ampliación de capital de 2.500 millones de euros que está siendo investigada por la CNMV por considerar que pueden haber existido irregularidades en la operación.