Las socimis Merlin, Colonial y Lar escapan a la subida fiscal del Gobierno

La obsesión de Pablo Iglesias con las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) se ha materializado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Las cuentas públicas incluyen una tributación mínima del 15% que se aplicará sobre los dividendos no distribuidos de las socimis, pero la realidad es que no tendrá impacto sobre las grandes del país como Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial o Lar España.

¿Por qué? La ley las obliga a distribuir -al menos- el 80% del beneficio neto generado en el país para obtener ciertos beneficios fiscales -gravamen del 0% en el Impuesto sobre Sociedades- pero las grandes socimis ya distribuyen todos sus beneficios vía dividendo. Es decir, la medida del Gobierno no tendrá ningún impacto en ellas.

En el caso de Merlin Properties, distribuye el 80% de su flujo de caja anual como dividendo a sus accionistas, lo que equivale al 150% del beneficio neto, muy por encima de lo que establece la normativa española. La firma, al igual que las otras dos cotizadas, también han recordado en varias ocasiones al vicepresidente segundo Iglesias que no son las responsables de la subida de los precios de la vivienda, ya que apenas cuentan con alquiler de viviendas en sus carteras. Es más, los grandes inversores, entre los que se encuentran las socimis, los fondos de inversión o los ‘servicers’ sólo gestionan el 3% de las viviendas en alquiler a nivel nacional. A pesar de ello, desde Podemos han responsabilizado a las socimis de estar detrás de «la burbuja del alquiler» en España.

«El único efecto constatado hasta ahora ha sido la burbuja en el precio de los alquileres, que comienza al mismo tiempo que proliferan este tipo de sociedades. En 2013 existían dos socimis; en 2018 hay registradas más de 50, al tiempo que los alquileres se han disparado. Es insostenible afirmar que este vehículo y su fiscalidad especial sirvan para fomentar el alquiler o la propiedad de vivienda entre la población», dice la página web de Podemos.

Inseguridad jurídica

Las socimis, que nacieron en 2009 durante el Gobierno de Zapatero, han advertido en varias ocasiones que separar la legislación nacional del resto de países sembraría dudas sobre la seguridad jurídica del mercado inmobiliario español, lo que podría derivar en un salida de inversores institucionales del mercado.

«Cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros ‘reits’ -sociedades que poseen activos inmobiliarios- frente a otros países europeos sería interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional», denuncia Asocimi, la asociación que engloba a la mayor parte de las socimis.

Asocimi explica que el carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimis exige que el marco normativo sea estable, seguro que genere confianza para así garantizar que los flujos de capital siguen llegando a España y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio, cumpliendo así con sus obligaciones con todos sus públicos de interés, incluida la propia Administración Pública.

Las socimis reivindican su capacidad para atraer inversores nacionales e institucionales. «Si miramos a los países de nuestro entorno y a Estados Unidos, la contribución de las socimis en la mejora de la calidad, transparencia, liquidez y profundidad del mercado inmobiliario, su desarrollo, la conservación del patrimonio, la adaptación a las obligaciones medioambientales y la profesionalización de la relación con los inquilinos, ha sido extraordinaria», añaden.